La institución policial oficializó el cambio mediante una resolución del 13 de octubre y estableció un periodo de transición de 90 días. La nueva estructura incorpora nuevamente al Escuadrón Móvil Antidisturbios dentro de su organización, mientras el debate sobre el manejo de las protestas y el uso de la fuerza vuelve al centro de la discusión nacional.
La Policía Nacional modificó la estructura de su unidad especializada en la atención de disturbios y manifestaciones públicas. La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) fue reemplazada por la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi), que tendrá una nueva organización interna y un periodo de transición de 90 días para implementar los cambios administrativos. La decisión quedó consignada en una resolución expedida el 13 de octubre de 2026.
La modificación supone un nuevo cambio en la organización policial encargada de intervenir en escenarios de alteración del orden público. En 2022, el antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) fue transformado en la UNDMO, cuyo modelo institucional destacó el diálogo y la mediación como herramientas prioritarias para gestionar las manifestaciones.
Con la nueva decisión, el nombre Esmad vuelve a aparecer dentro de la estructura orgánica de la Policía, esta vez como uno de los componentes de la Unidad Nacional Antidisturbios.
Así quedará organizada la nueva unidad
La nueva estructura contempla cuatro componentes principales:
- Subcomando de la Unidad Nacional Antidisturbios (Sunad).
- Grupo de Seguimiento Operacional (Gusop).
- Regionales Antidisturbios (Radis).
- Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
De acuerdo con la información publicada sobre la resolución, la Unadi estará encargada de apoyar a las unidades policiales en manifestaciones y concentraciones de personas, además de intervenir en disturbios, motines, asonadas y otras situaciones violentas que afecten la convivencia y la seguridad ciudadana, particularmente cuando las capacidades disponibles sean insuficientes o puedan verse desbordadas.
La resolución también deroga la estructura establecida en noviembre de 2022 para la UNDMO y dispone un plazo de 90 días para coordinar los ajustes administrativos y poner en marcha la nueva organización. Ese periodo permitirá adelantar la transición institucional.
Del Esmad a la UNDMO y ahora a la Unadi
El cambio recupera una denominación que tiene una historia controvertida en Colombia.
El Esmad fue objeto de fuertes cuestionamientos por sus actuaciones durante protestas sociales, especialmente por denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza y posibles vulneraciones de derechos humanos. Durante el gobierno de Gustavo Petro, la Policía transformó esa estructura y creó la UNDMO, con una orientación institucional que daba mayor relevancia al diálogo, la mediación y la protección del derecho a la protesta pacífica.
Ahora, la institución adopta el nombre de Unidad Nacional Antidisturbios y reincorpora al Esmad en su estructura interna. La decisión plantea interrogantes sobre la orientación operativa de la nueva dependencia, la formación de sus integrantes y los mecanismos de control sobre sus intervenciones.
Sin embargo, el cambio de nombre y de estructura no demuestra por sí solo que se hayan eliminado los protocolos anteriores o que todos los procedimientos policiales hayan cambiado. Para establecer el alcance de la reforma es necesario examinar las disposiciones vigentes sobre intervención, mediación, uso de armas menos letales y rendición de cuentas.
¿Qué pasa con el derecho a la protesta?
La resolución mantiene como referencias jurídicas el artículo 37 de la Constitución, que protege el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, y las disposiciones de la Ley 1801 de 2016 sobre el uso de la fuerza. Esta última exige que la actuación policial se ajuste a criterios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad, y que la fuerza se utilice como último recurso físico en los términos de la ley.
Además, el Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026 introdujo cambios en el protocolo nacional de actuación frente a manifestaciones públicas. Entre sus disposiciones contempla niveles de intervención, mecanismos de diálogo y mediación, y reglas para actuar ante hechos violentos y bloqueos que afecten servicios esenciales. Se trata de una norma distinta de la resolución que reorganiza la unidad antidisturbios, aunque ambas decisiones inciden en el contexto operativo de la Policía.
El debate está en cómo se aplicarán esas reglas en la calle. Las autoridades deben atender situaciones de violencia y proteger a la ciudadanía, pero también garantizar que quienes participan pacíficamente en una movilización puedan ejercer sus derechos sin sufrir intervenciones arbitrarias.
La efectividad de la nueva unidad dependerá, por tanto, de sus capacidades para controlar situaciones violentas y de la forma en que sus integrantes cumplan las normas sobre uso de la fuerza, mediación y respeto a los derechos humanos.
Noventa días para implementar los cambios
La Policía dispone de 90 días para adelantar los trámites administrativos derivados de la reorganización. Durante ese periodo será importante conocer cómo se distribuirán las funciones, qué ajustes se harán en las unidades regionales y cómo se garantizará la preparación del personal que atenderá las manifestaciones.
También será relevante establecer qué mecanismos se utilizarán para documentar las intervenciones, investigar eventuales abusos y verificar que los procedimientos se ajusten a las disposiciones legales.
La creación de la Unadi abre una nueva etapa para la unidad policial encargada de atender disturbios y manifestaciones. El cambio institucional ya fue anunciado; ahora, la atención estará puesta en su implementación y en las garantías que acompañen su actuación.
El resultado no se medirá únicamente por la capacidad de dispersar disturbios o restablecer la movilidad. También estará sujeto al respeto de los derechos ciudadanos, la proporcionalidad de las intervenciones y la transparencia con la que se investiguen las actuaciones policiales.
