El Decreto 0581 del 5 de junio de 2026, expedido durante el gobierno de Gustavo Petro para regular la tercerización y la intermediación laboral en Colombia, fue tumbado este viernes 16 de octubre.
La norma buscaba impedir que las empresas utilizaran contratistas para encubrir relaciones laborales directas y evadir obligaciones como prestaciones sociales. También establecía criterios para detectar irregularidades, aplicar sanciones y limitar el uso de empresas de servicios temporales para cubrir necesidades permanentes de personal.
Tras la decisión, la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset) pidió revisar el marco normativo para garantizar seguridad jurídica a las empresas y protección de los trabajadores.
El gremio considera necesario combatir la intermediación ilegal, con reglas claras para las compañías y criterios uniformes para los inspectores del trabajo.
