Los hombres son señalados en una denuncia ciudadana de pertenecer a Los Pepes y actuar bajo las órdenes de alias Gordo 40. La publicación asegura que recuperaron la libertad menos de 24 horas después de su detención, tras cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento.
La salida en libertad de tres hombres señalados de presionar a comerciantes en Soledad, Atlántico, generó preocupación por las denuncias de extorsión y ataques contra establecimientos comerciales en varios sectores del municipio.
Según una publicación difundida en redes sociales, los sujetos serían presuntos integrantes de Los Pepes y estarían bajo las órdenes de un hombre conocido con el alias de Gordo 40. La denuncia los vincula con intimidaciones y la quema de negocios en La Arboleda, Villa Muvdi, Soledad 2000 y zonas aledañas.
La misma publicación asegura que los tres fueron dejados en libertad por decisión de un juez de la República, luego de que la captura fuera cuestionada por presuntas irregularidades legales.
La decisión judicial, en el centro de las preguntas
La denuncia afirma que los hombres no permanecieron detenidos ni siquiera 24 horas. Sin embargo, hasta el momento no se conocen detalles verificables sobre el procedimiento de captura, los argumentos expuestos ante el juez ni las razones específicas que sustentaron la decisión.
Una captura declarada ilegal no significa automáticamente que una persona haya sido exonerada de los delitos investigados. La Fiscalía puede continuar las actuaciones correspondientes si existen elementos que lo permitan y se cumplen los requisitos legales.
Por eso, resulta necesario conocer el expediente y la decisión judicial antes de concluir si hubo fallas de procedimiento o si existen otras circunstancias que expliquen la libertad.
Comerciantes reclaman garantías frente a la extorsión
La denuncia pone nuevamente sobre la mesa la preocupación por las amenazas que enfrentan comerciantes de Soledad. Según el señalamiento ciudadano, algunos establecimientos estarían siendo presionados para pagar extorsiones y habrían sido objeto de ataques.
No se han aportado en la información divulgada documentos judiciales ni reportes oficiales que permitan confirmar la participación de los tres hombres en esos hechos. Tampoco se conocen sus versiones frente a las acusaciones.
La Policía y la Fiscalía deberán establecer si hay investigaciones activas, qué pruebas reposan contra los señalados y cuál es la situación procesal de cada uno.
Mientras tanto, los comerciantes necesitan canales seguros para denunciar sin exponerse a represalias. La gravedad de las acusaciones exige una respuesta institucional, pero también claridad sobre las decisiones judiciales y respeto por el debido proceso.
