El presidente anunció una revisión de los dispositivos de protección financiados por el Estado para reducir gastos. Aseguró que las personas con riesgos comprobados conservarán las medidas, sin importar su filiación política.
El presidente Abelardo De La Espriella ordenó revisar los esquemas de protección personal asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el propósito de identificar cuáles cuentan con justificación suficiente y retirar aquellos que, según la evaluación correspondiente, no cumplan los requisitos.
El anuncio lo hizo este jueves 15 de octubre, durante una visita al Ministerio del Interior, entidad de la que depende la UNP. La decisión forma parte de las medidas de austeridad que el Gobierno busca implementar para racionalizar el gasto público.
“No acepto que haya un solo esquema de seguridad otorgado sin fundamento, sin importar quién sea el beneficiario”, afirmó el mandatario, al cuestionar la asignación de recursos estatales para proteger a personas cuya situación de riesgo, a su juicio, debe ser examinada con rigor.
De La Espriella cuestiona el uso de los esquemas de protección
Durante su intervención, el presidente criticó que algunas personas accedan a medidas de seguridad después de denunciar amenazas sin que, según su planteamiento, exista una justificación suficiente.
“Eso se volvió una moda en este país”, manifestó De La Espriella, quien calificó esas situaciones de “payasada” y “vagabundería”.
El mandatario sostuvo que la UNP debe concentrar sus recursos en quienes realmente enfrentan peligros que comprometen su vida o integridad. Al mismo tiempo, aseguró que su administración no condicionará la protección a las posiciones políticas de los beneficiarios.
“Cuando se trata de proteger a los colombianos no hay ideología ni partido. Es una obligación del Estado”, señaló.
La UNP administra medidas como asignación de escoltas, vehículos blindados y otros mecanismos de seguridad para personas expuestas a amenazas por sus actividades políticas, sociales, periodísticas o de defensa de los derechos humanos. Su continuidad depende de los procedimientos de evaluación del riesgo y de las condiciones particulares de cada caso.
Por esa razón, una revisión de los esquemas deberá establecer si las medidas siguen siendo necesarias y si corresponden al nivel de riesgo de cada beneficiario.
También pide controles al gasto y a la relación con el Congreso
Durante la visita al Ministerio del Interior, De La Espriella también pidió mayor transparencia en las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso de la República. Aseguró que no tolerará el intercambio de contratos, cargos o recursos públicos a cambio de respaldos políticos.
El presidente igualmente solicitó identificar gastos innecesarios en esa cartera y en sus entidades adscritas, y advirtió que su administración actuará frente a posibles casos de corrupción o favoritismo.
Sin embargo, el Gobierno todavía no ha informado cuántos esquemas serán examinados, qué criterios específicos se aplicarán al proceso, cuándo se conocerán los primeros resultados ni cuánto dinero espera ahorrar.
La revisión tendrá un punto sensible: reducir gastos sin dejar desprotegidas a personas que enfrentan amenazas reales. La evaluación individual del riesgo será determinante para establecer qué medidas pueden modificarse o retirarse sin comprometer la obligación estatal de proteger la vida y la integridad de quienes están en peligro.
