Una iniciativa presentada este jueves 15 de octubre busca poner bajo una misma dirección administrativa al Senado y la Cámara de Representantes, con la promesa de reducir gastos, eliminar duplicidades burocráticas y optimizar el manejo de los recursos públicos. Según sus promotores, la reforma podría generar ahorros de hasta 300.000 millones de pesos anuales, una cifra que deberá sustentarse con estudios técnicos.
Los representantes Miguel Ángel Pinto, Jaime Arizabaleta y Daniel Briceño radicaron el proyecto de ley en el Congreso de la República. La propuesta apunta a modificar la forma en que se administran las dos cámaras legislativas, que actualmente cuentan con estructuras independientes para manejar contratación, presupuesto, personal y servicios.
La iniciativa plantea crear una Dirección Administrativa del Congreso de la República, encargada de centralizar esas funciones comunes. Sus autores sostienen que mantener dos estructuras separadas genera duplicidad de cargos, dependencias, trámites y procesos de compra que podrían gestionarse de manera conjunta.
Un solo director para Senado y Cámara
El proyecto propone que la nueva dirección esté encabezada por un funcionario elegido conjuntamente por el Senado y la Cámara de Representantes en pleno, para un periodo de cuatro años.
El aspirante tendría que contar con título profesional y al menos cinco años de experiencia en cargos directivos administrativos, además de conocimientos relacionados con áreas administrativas, financieras y de sistemas.
Actualmente, cada cámara elige por separado a su director administrativo para un periodo de dos años. Con el cambio planteado, la administración tendría una conducción unificada y un periodo más largo, mientras que las funciones de contratación y manejo del gasto quedarían bajo una misma estructura.
La apuesta también contempla racionalizar contratos y compras, reducir dependencias duplicadas y facilitar el traslado de empleados entre el Senado y la Cámara.
¿De dónde saldrían los $300.000 millones?
La cifra de ahorro anunciada por los promotores constituye uno de los principales argumentos de la iniciativa. El cálculo se apoya en la posibilidad de eliminar duplicidades administrativas, reorganizar cargos y concentrar procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios.
Sin embargo, el monto de hasta 300.000 millones de pesos anuales corresponde a una estimación de los autores del proyecto. Para determinar cuánto podría ahorrarse realmente, será necesario conocer los estudios que respalden esa proyección, los costos de transición y el impacto que tendría la reorganización sobre el funcionamiento cotidiano del Legislativo.
La discusión también deberá establecer qué dependencias se fusionarían, cuáles conservarían funciones propias y cómo se garantizaría que una administración centralizada responda oportunamente a las necesidades de ambas cámaras.
Los equipos de los congresistas seguirían vigentes
La propuesta no elimina el esquema de personal de las unidades de trabajo legislativo. De acuerdo con el texto descrito por sus promotores, se mantendría el límite de hasta diez empleados o contratistas por congresista, así como el tope presupuestal equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada unidad.
Por tanto, la reforma se concentraría en la estructura administrativa general del Senado y la Cámara, sin suprimir de manera directa esos equipos de apoyo.
El proyecto apenas inicia su recorrido legislativo y su radicación no significa que los cambios estén aprobados. La iniciativa deberá surtir los debates correspondientes antes de convertirse en ley.
El punto central será comprobar si la unificación permite alcanzar el ahorro anunciado sin crear nuevos costos ni afectar los servicios que requieren los congresistas para desarrollar su labor. La cifra de 300.000 millones de pesos pone una expectativa alta sobre la propuesta y deja una pregunta clave para el debate: ¿cuánto dinero se ahorraría efectivamente y cómo se demostraría ese resultado?
