Ramiro Herrera Buitrago, hermano del fallecido capo ‘Pacho Herrera’, aseguró que está dispuesto a entregar información sobre propiedades, sociedades e inversiones en Colombia y otros países. La oferta se conoce después de que la Fiscalía impusiera medidas cautelares sobre 42 bienes avaluados preliminarmente en más de $44.900 millones.
Una carta dirigida al presidente Abelardo De La Espriella podría abrir una nueva etapa en las investigaciones sobre el patrimonio acumulado por integrantes y presuntos testaferros del extinto Cartel de Cali. Ramiro Herrera Buitrago, antiguo integrante de esa organización criminal y hermano de Hélmer Francisco Herrera Buitrago, conocido como ‘Pacho Herrera’, manifestó su voluntad de colaborar con el Estado para identificar activos que habrían permanecido bajo estructuras económicas investigadas durante décadas.
La propuesta contempla información sobre más de 1.000 bienes ubicados en Colombia y el exterior, además de documentos históricos, sociedades comerciales, inversiones y datos sobre personas naturales y jurídicas que podrían ayudar a reconstruir el recorrido de esos activos.
Herrera explicó que su intención es facilitar que las autoridades conozcan el origen y la trayectoria de los bienes, contrasten la información con sus expedientes y determinen cuáles pueden ser objeto de actuaciones judiciales.
En la comunicación enviada al jefe de Estado, sostuvo que busca contribuir a la recuperación de activos y a que las instituciones puedan decidir sobre su eventual destinación social, siempre dentro de las competencias legales de cada entidad.
“Mi voluntad es aportar los elementos que se encuentren en mi conocimiento para que toda la información pueda ser verificada independientemente por la Fiscalía General de la Nación”, señaló en el documento.
La Fiscalía ya puso la lupa sobre 42 bienes
El anuncio de colaboración se conoce después de que la Fiscalía General de la Nación impusiera medidas cautelares sobre 42 bienes cuyo valor preliminar supera los $44.900 millones. De acuerdo con la investigación, las propiedades estarían relacionadas con uno de los presuntos grupos de testaferros que habría operado al servicio de ‘Pacho Herrera’.
Las medidas adoptadas incluyen embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión, mecanismos que buscan impedir que los activos sean vendidos, transferidos o sometidos a operaciones que puedan dificultar su recuperación mientras avanzan los procesos correspondientes.
Según las hipótesis investigativas citadas en el caso, durante años se habrían utilizado personas y empresas de distintos sectores económicos para ocultar la propiedad real de activos, administrarlos y darles apariencia de legalidad.
La eventual colaboración de Ramiro Herrera podría aportar nuevos elementos para establecer quiénes aparecen como propietarios formales, quiénes habrían ejercido el control efectivo de los bienes y qué relaciones económicas existieron entre las sociedades involucradas. Sin embargo, esas conexiones deberán ser verificadas por las autoridades y no pueden darse por demostradas únicamente a partir de la carta.
Una información que cruzaría fronteras
El alcance anunciado no se limitaría a Colombia. Herrera manifestó que dispone de información relacionada con activos ubicados también en Estados Unidos, Panamá, Venezuela y Ecuador, territorios que, según su comunicación, formarían parte del mapa patrimonial que pretende ayudar a esclarecer.
La entrega incluiría documentación original e histórica que podría ser contrastada con registros públicos y privados, expedientes judiciales y otros elementos probatorios obtenidos legalmente. La verificación será determinante para establecer si los datos permiten identificar bienes ocultos, reconstruir movimientos financieros o respaldar nuevas solicitudes de extinción de dominio.
El exintegrante del Cartel de Cali dejó expresamente en manos de las autoridades la decisión sobre el destino jurídico de cada activo. “Será exclusivamente la autoridad competente la que determine la procedencia jurídica de cada activo”, indicó.
La colaboración anunciada también quedó consignada en una declaración presentada ante la Fiscalía, en la que Herrera expresó su disposición a desarrollar un proceso que calificó como directo, voluntario y verificable.
El compromiso que ahora deberá demostrar resultados
En su carta al presidente, Herrera aseguró que busca contribuir al esclarecimiento de la historia patrimonial del denominado ‘Clan Herrera’ y a frenar la violencia que, según afirmó, ha estado asociada a esos bienes.
“Una de las razones principales por las cuales adopto esta determinación es mi voluntad de contribuir a que cese definitivamente la violencia asociada históricamente a los bienes vinculados al denominado ‘Clan Herrera’”, expresó.
La declaración abre interrogantes sobre la cantidad de información que efectivamente llegará a manos de los investigadores, la posibilidad de identificar activos que todavía no han sido detectados y el alcance real de los datos que puedan convertirse en pruebas dentro de procesos judiciales.
Por ahora, la oferta de colaboración no significa que los más de 1.000 bienes mencionados hayan sido identificados plenamente, recuperados o declarados de origen ilícito. Tampoco implica que todos puedan ser sometidos automáticamente a extinción de dominio. Cada caso deberá superar la revisión de las autoridades competentes y cumplir los requisitos legales.
El resultado dependerá de la calidad de los documentos entregados, la posibilidad de corroborar las afirmaciones y la capacidad de los investigadores para establecer la relación entre los activos y las estructuras patrimoniales bajo investigación. La carta marca el ofrecimiento; la comprobación y las decisiones sobre los bienes corresponden a la Fiscalía y a las demás autoridades judiciales competentes.
