El despacho judicial apartó la solicitud de detención domiciliaria formulada por la Fiscalía y ordenó la reclusión en establecimiento penitenciario de Yolima Yohana Murgas Guzmán por el delito de lavado de activos.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramural a Yolima Yohana Murgas Guzmán, pareja sentimental de Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, señalado jefe financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). A pesar de que el fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales había solicitado la detención en domicilio, la autoridad judicial determinó que la procesada debe cumplir la medida preventiva en centro carcelario dada la gravedad de la conducta y los antecedentes procesales.
La captura de Murgas Guzmán se ejecutó durante una diligencia de registro y allanamiento llevada a cabo en un inmueble ubicado en el barrio Pescadito, en Santa Marta.
Incautaciones, transferencias bancarias y antecedentes de la procesada
Elementos incautados en el allanamiento: En la vivienda de la procesada se hallaron $29.060.000 en efectivo, un lingote de oro de 58,1 gramos (valorado en $15.969.471), una máquina contadora de billetes, libretas de contabilidad con anotaciones financieras, tarjetas bancarias nacionales e internacionales, y documentos de identidad y residencia española a nombre de la investigada.
Trazabilidad de fondos ilícitos: La investigación evidenció registros de transferencias internacionales superiores a los $90 millones efectuadas durante el año 2021, así como documentos que la vinculan a la recepción de utilidades periódicas derivadas de la estructura criminal de la Sierra Nevada.
Preacuerdo y antecedentes penales: Durante la audiencia de imputación por lavado de activos, la procesada manifestó la intención de suscribir un preacuerdo con el ente acusador y reintegrar los recursos financieros objeto de investigación. Sin embargo, se conoció que Murgas Guzmán afronta desde 2024 un proceso penal paralelo por el mismo delito, actualmente en etapa de juicio formal.
El caso refuerza la ofensiva judicial y financiera instruida desde el Gobierno para asestar golpes estructurales a las finanzas y redes de apoyo de los grupos armados al margen de la ley
