Una respuesta oficial de la Fiscalía General de la Nación a un derecho de petición puso nuevamente bajo la lupa uno de los aspectos más controvertidos de la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro: la suspensión de órdenes de captura contra integrantes de organizaciones armadas y estructuras de crimen de alto impacto.
De acuerdo con la información entregada por el ente investigador, 205 personas fueron cobijadas con la suspensión de órdenes de captura entre agosto de 2022 y febrero de 2026, por su condición de representantes, voceros o integrantes de organizaciones que participaban en procesos de diálogo, negociación o acercamiento con el Gobierno Nacional.
La cifra fue conocida a partir de una respuesta de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía a un derecho de petición. Según el documento, inicialmente fueron 182 las personas beneficiadas con la medida y posteriormente se sumaron otras 23, hasta completar los 205 casos.
El listado incluía integrantes de distintas organizaciones armadas. Entre ellos aparecen 33 vinculados al ELN, 81 a disidencias de las Farc, 17 a la Segunda Marquetalia, 11 a Comuneros del Sur, siete a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, tres al Clan del Golfo y diez a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
También figuran personas relacionadas con estructuras de crimen organizado de Quibdó, Buenaventura y Medellín.
La medida se convirtió en uno de los principales puntos de discusión alrededor de la Paz Total, debido a que la suspensión de las órdenes permitía que personas requeridas por las autoridades pudieran participar en los espacios de diálogo y movilizarse bajo las condiciones establecidas para estos procesos.
Sin embargo, la situación cambió después de que el actual Gobierno Nacional pusiera fin a varias mesas de conversación y revocara las designaciones de integrantes de algunas de estas organizaciones como representantes o gestores de paz.
Como consecuencia, la Fiscalía comenzó a reactivar órdenes de captura.
En septiembre de 2026, por ejemplo, el ente investigador reactivó 46 órdenes de captura contra integrantes del Estado Mayor de Bloques y Frente, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Entre los nombres aparecen Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’; Giovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’; José Vicente Lesmes, alias ‘Walter Mendoza’; y José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’.
La Fiscalía explicó que estas órdenes fueron reactivadas luego de que el Gobierno Nacional terminara las mesas de diálogo con dichas estructuras y revocara las designaciones de sus miembros como representantes.
El dato de los 205 casos, por tanto, corresponde al universo de personas que durante el gobierno anterior tuvieron suspendidas órdenes de captura dentro de este tipo de procesos. No significa que las 205 órdenes hayan sido reactivadas al mismo tiempo, pues la situación jurídica de cada persona depende del proceso y de las decisiones adoptadas por las autoridades.
El caso vuelve a poner en el centro del debate los alcances de la Paz Total, especialmente sobre el equilibrio entre la búsqueda de negociaciones con organizaciones armadas y la obligación estatal de mantener vigentes las actuaciones judiciales contra personas requeridas por la justicia.
