La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, presentó ante el Congreso y los organismos de control un preocupante balance sobre el estado financiero, presupuestal y de gestión en el que recibió la entidad tras la administración anterior. Acompañada de una auditoría forense interna y de acopio de pruebas técnicas, la funcionaria detalló serias inconsistencias en la adjudicación de predios y en la ejecución de un presupuesto cercano a los $7 billones de pesos.
Cifras, inconsistencias y hallazgos en la ANT
Incumplimiento crítico en compra y entrega de predios: De una meta proyectada de 1,5 millones de hectáreas para la reforma agraria, el gobierno anterior solo logró entregar formalmente con título de propiedad 99.477 hectáreas, lo que representa una ejecución de tan solo el 6,6 % frente a los objetivos trazados.
Rezago en formalización de tierras: En cuanto a la meta de formalización (proyectada en 3,9 millones de hectáreas), la gestión saliente únicamente alcanzó el 41 % de avance.
Burocracia y gasto en contratación de servicios: Garrido expuso que durante el cuatrienio anterior se suscribieron cerca de 40.000 contratos de prestación de servicios por un valor aproximado de $1,6 billones de pesos. La nómina de contratistas pasó de 1.400 personas en 2022 a más de 11.600 en 2025.
Sobrecostos logísticos y convenios cuestionados: La directora reveló desembolsos por cerca de $40.000 millones en logística durante el primer semestre de 2026 y puso bajo la lupa un convenio suscrito con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por casi $1 billón, donde la auditoría investiga diferencias en avalúos y aptitud agronómica de los predios adquiridos.
Traslado de denuncias a entes de control: Con las pruebas recaudadas, la ANT formalizó el traslado de los hallazgos ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría, señalando la responsabilidad directa del exdirector Juan Felipe Harman en las presuntas irregularidades fiscales, disciplinarias y administrativas.
Con este diagnóstico, la actual administración ratificó su compromiso de reestructurar operativamente la Agencia Nacional de Tierras, erradicar los focos de ineficiencia burocrática y reorientar los recursos públicos hacia el acceso transparente y efectivo a la tierra para los campesinos del país.
