En un firme ejercicio de cooperación internacional y persecución penal contra el saqueo de los recursos públicos, el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, reveló detalles fundamentales sobre el avance de las investigaciones promovidas por la justicia de los Estados Unidos contra la estructura de corrupción que operó en la administración de Daniel Quintero y sus ramificaciones en la empresa pública Ecopetrol. Las evidencias presentadas ante un cuerpo élite del FBI apuntan a esquemas de lavado de activos en el sistema financiero estadounidense que podrían culminar en la extradición de los responsables.
Cooperación con el FBI, desfalco en Ecopetrol y protección a testigos
Posible extradición por lavado de activos: El mandatario de la capital antioqueña confirmó que sostuvo reuniones operativas con una comisión de 14 a 15 agentes del FBI en EE. UU., aportando elementos de prueba sobre transacciones sospechosas y empresas fachada vinculadas al entorno del exalcalde Daniel Quintero y su hermano Miguel Quintero. Gutiérrez fue enfático al señalar el alcance sancionatorio de las autoridades norteamericanas: “A Medellín se lo robaron los hermanos Quintero (…) independientemente de si entró un dólar o un millón de dólares al sistema financiero estadounidense, es el mismo delito y hasta extraditados pueden terminar”.
Magnitud del desfalco en Ecopetrol y filiales: Gutiérrez comparó la dimensión del escándalo en la estatal petrolera con otros casos de corrupción institucional, advirtiendo que “el caso de la Unidad de Gestión del Riesgo se va a quedar chiquito, diminuto en comparación con el robo que le hicieron a la empresa de todos los colombianos”. Dentro de la red de influencias se investiga el rol de exfuncionarios locales trasladados a cargos estratégicos en Ecopetrol —como Esteban Restrepo— y la venta irregular de la gerencia de Afinia (filial de EPM) por cobros de hasta 5 millones de dólares para direccionar la contratación pública.
Alertas por seguridad de testigos e interferencia judicial: El alcalde denunció graves amenazas contra la vida de testigos clave, entre ellos el expresidente de la filial Hocol, señalando la urgencia de brindar protección máxima ante el riesgo de atentados orquestados para frenar la acción de la Fiscalía General de la Nación y el sistema judicial estadounidense.
Rastreo de activos y empresas fachada: Entre el acervo probatorio entregado al FBI figuran comercializadoras de oro radicadas en Medellín y Miami que registraban ingresos millonarios durante el periodo de gobierno anterior y que cesaron operaciones al inicio de la actual administración distrital, además de investigaciones sobre el estatus migratorio y bienes adquiridos por los implicados en territorio norteamericano.
El Gobierno nacional y las autoridades locales respaldan la articulación con las agencias judiciales internacionales para garantizar que los delitos contra la administración pública, el lavado de activos y el despojo de los patrimonios estatales sean sancionados de manera implacable con todo el peso de la ley
