El congresista republicano Mario Díaz-Balart se pronunció este jueves sobre las medidas financieras que Estados Unidos mantiene contra el expresidente colombiano Gustavo Petro y sostuvo que existen elementos suficientes para que las sanciones continúen vigentes.
En una entrevista con Caracol Radio, el legislador defendió la permanencia de Petro en la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Petro fue incluido en octubre de 2025 bajo autoridades relacionadas con la lucha contra el narcotráfico.
Díaz-Balart aseguró que las investigaciones adelantadas en Estados Unidos ofrecen, a su juicio, suficientes fundamentos para mantener las restricciones y cuestionó de manera contundente el balance de la administración anterior en la relación bilateral.
“El daño que hizo el presidente Petro a la relación entre Colombia, los Estados Unidos y también al propio pueblo de Colombia es difícil de explicar”, afirmó el congresista, según declaraciones recogidas este jueves.
OFAC mantiene a Petro en su lista de sancionados
La situación de Petro se remonta al 24 de octubre de 2025, cuando el Departamento del Tesoro anunció su designación junto con otras personas de su círculo cercano, entre ellas su hijo Nicolás Petro y el entonces funcionario Armando Benedetti.
De acuerdo con el Tesoro estadounidense, la medida fue adoptada bajo la Orden Ejecutiva 14059, relacionada con el combate al comercio mundial de drogas ilícitas. La designación implica restricciones dentro del sistema financiero estadounidense sobre los bienes o intereses en bienes sujetos a jurisdicción de Estados Unidos.
Los registros oficiales de OFAC continúan incluyendo a Gustavo Petro entre las personas designadas bajo el programa de sanciones contra el narcotráfico.
El pronunciamiento llega en medio de la presión antidrogas sobre Colombia
Las declaraciones de Díaz-Balart se producen apenas un día después de que Washington mantuviera a Colombia entre los países señalados por incumplir de manera demostrable sus compromisos internacionales de lucha contra las drogas durante el último periodo evaluado.
La Casa Blanca informó el 16 de septiembre que Colombia fue incluida en la denominada “Major’s List” para el año fiscal 2027 y señaló que el país no había realizado esfuerzos sustanciales suficientes para cumplir sus obligaciones en materia de lucha contra los estupefacientes.
Al mismo tiempo, Estados Unidos dejó abierta la posibilidad de modificar su postura si la nueva administración colombiana demuestra avances concretos. El presidente Donald Trump señaló que Colombia podría salir de esa clasificación si registra mejoras sustanciales en la erradicación de cultivos ilícitos y en el desmantelamiento de organizaciones dedicadas al narcotráfico.
La decisión no significa, sin embargo, la interrupción automática de todos los mecanismos de cooperación entre ambos países. La evaluación antidrogas y las sanciones individuales de OFAC corresponden a instrumentos distintos dentro de la política estadounidense.
Una relación bilateral que busca una nueva etapa
El pronunciamiento de Díaz-Balart también se da en un momento de reacomodo de las relaciones entre Bogotá y Washington, después de los fuertes desencuentros registrados durante la administración de Gustavo Petro.
El congresista republicano, quien hizo parte de la delegación estadounidense que asistió a la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, sostuvo que el resultado de las elecciones colombianas abrió una nueva etapa en la relación entre los dos países.
En ese contexto, la lucha contra el narcotráfico, el desmantelamiento de organizaciones criminales y la cooperación en materia de seguridad aparecen nuevamente como asuntos centrales de la agenda bilateral.
Mientras tanto, las sanciones individuales contra Petro continúan bajo la jurisdicción de OFAC y cualquier modificación de esa situación dependerá de las decisiones que adopten las autoridades estadounidenses competentes. El propio OFAC mantiene actualizados sus registros de personas y entidades sometidas a sus diferentes programas de sanciones.
