La Procuraduría General de la Nación se sumó a la solicitud de la Fiscalía para que Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, sea cobijado con una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario dentro de la investigación por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
La petición fue presentada durante la audiencia realizada este miércoles 16 de septiembre ante el Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín.
El delegado de la Procuraduría, José Luis Ochoa Escobar, respaldó los argumentos expuestos por la Fiscalía y sostuvo que existen elementos relacionados con posibles presiones a testigos y con el riesgo de afectación de las pruebas que hacen necesaria, según su concepto, una medida restrictiva de la libertad.
Durante su intervención, el funcionario señaló que dos testigos habrían sido objeto de presiones y que una de esas personas se encuentra bajo protección del Estado. También hizo referencia a supuestas gestiones para evitar que personas vinculadas al proceso colaboraran con las autoridades.
Otro de los argumentos expuestos por la Procuraduría estuvo relacionado con el riesgo de que Quintero Calle pueda salir del país. El delegado consideró que existe una posibilidad de evasión de la justicia y, por esa razón, solicitó al juez imponer la medida de aseguramiento.
Fiscalía expuso presiones a testigos
La Fiscalía, por su parte, presentó durante la audiencia diferentes elementos con los que busca sustentar su solicitud de detención preventiva.
Entre ellos se encuentran los testimonios de Misael Cadavid, exrepresentante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí y considerado testigo clave dentro de la investigación. Según lo expuesto por el ente acusador, Cadavid habría recibido ofrecimientos para que no colaborara con la justicia.
La Fiscalía también mencionó visitas realizadas por abogados a la cárcel de El Pedregal, en Medellín, donde permanecía Cadavid, así como presuntas presiones que habrían alcanzado a integrantes de su entorno familiar.
En otro de los frentes de la investigación, la fiscal 40 de la unidad de delitos contra la administración pública reveló que se habrían realizado consultas y descargas de información reservada del expediente dentro del Sistema Penal Oral Acusatorio, SPOA.
De acuerdo con la Fiscalía, personas que no tenían asignado el proceso habrían accedido a información relacionada con la investigación y a documentos que contenían datos sobre testigos.
Investigación por contratos de más de $17.000 millones
El proceso contra Miguel Quintero Calle está relacionado con seis contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá que, según la Fiscalía, superaron los $17.000 millones.
El ente acusador sostiene que existió un esquema para direccionar esos contratos hacia el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí y que se habría establecido una cuota ilícita sobre los recursos.
La Fiscalía atribuye a Quintero Calle una presunta apropiación de $2.481 millones: $1.654 millones en supuesto beneficio propio y otros $827 millones en favor de terceros. Estos son señalamientos de la Fiscalía que deberán ser debatidos dentro del proceso judicial.
Quintero Calle se declaró inocente y no aceptó los cargos formulados en su contra.
Dentro del expediente también aparecen otros procesados, entre ellos Álvaro Alonso Villada García, Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián de Dios Ortega Urán.
La audiencia para resolver la solicitud de medida de aseguramiento continúa dentro del proceso. La decisión sobre si Miguel Quintero Calle debe permanecer en libertad o ser enviado a un establecimiento carcelario corresponde al juez de control de garantías, quien deberá valorar los argumentos de la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa.
