La sede del Pacto Histórico en Bogotá fue objeto de una diligencia de inspección realizada por agentes de la Dijín, dentro de la indagación previa que adelanta la Corte Suprema de Justicia para establecer si hubo irregularidades en la financiación de la consulta interna de la colectividad realizada en octubre de 2025.
La diligencia fue confirmada por la Fiscalía General de la Nación, que señaló que los investigadores recopilaron documentos, cuentas y soportes financieros y contables relacionados con la campaña de Iván Cepeda durante esa consulta. La actuación contó previamente con autorización de un juez de control de garantías.
“Con ocasión de una indagación que se sigue en una Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción, y previo aval de juez de control de garantías, servidores de la Dijin de la Policía Nacional realizaron diligencia de inspección en la Sede del Movimiento Político Pacto Histórico, en Bogotá”, informó el ente investigador.
El objetivo de la diligencia es verificar si los recursos reportados ante las autoridades electorales corresponden efectivamente a los financiadores y a la forma en que fueron utilizados durante la consulta que definió al candidato presidencial del Pacto Histórico para las elecciones de 2026.
La lupa sobre los aportes a la campaña
La investigación de la Corte Suprema está relacionada, entre otros elementos, con recursos reportados por el empresario barranquillero Javier Antonio Pérez Páez y la empresa Samat Publicidad S.A.S., con sede en Barranquilla.
De acuerdo con los reportes que dieron origen a los cuestionamientos, a Pérez se le atribuyeron aportes por $116 millones, mientras que Samat apareció relacionada con una suma de $609,399 millones, para un total cercano a los $725 millones.
La forma en que fueron registrados esos recursos generó dudas ante las autoridades. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral tomó una decisión diferente frente al asunto.
El 1 de septiembre de 2026, la Sala Plena del CNE decidió abstenerse de iniciar una investigación administrativa y ordenó terminar definitivamente la actuación relacionada con la financiación de la consulta. El organismo concluyó que no estaba acreditado que Samat Publicidad S.A.S. ni Javier Antonio Pérez Páez hubieran realizado donaciones prohibidas a la campaña de Cepeda.
En el caso de Samat, el CNE consideró que el dinero correspondía a servicios de publicidad prestados mediante una modalidad de crédito y no a una transferencia gratuita de recursos a la campaña. Según la resolución citada por medios de comunicación, la suma correspondía a servicios de elaboración de propaganda electoral que el candidato adeudaba.
Una investigación diferente a la del CNE
Aunque el organismo electoral cerró su actuación administrativa, la Corte Suprema abrió posteriormente una indagación previa para determinar si los mismos hechos podrían tener relevancia en materia penal.
La Sala Especial de Instrucción del alto tribunal designó como magistrado ponente a Francisco Farfán y ordenó la práctica de pruebas y declaraciones para establecer si se presentaron irregularidades en la financiación de la consulta.
La apertura de esta indagación no significa que Iván Cepeda haya sido declarado responsable de algún delito. En esta etapa, la Corte busca recopilar elementos que permitan determinar si existieron conductas que ameriten avanzar hacia una investigación formal.
La consulta interna del Pacto Histórico se realizó el 26 de octubre de 2025 y terminó con la victoria de Cepeda, quien obtuvo cerca del 65 % de los votos, por encima de Carolina Corcho y Daniel Quintero. El resultado lo convirtió en candidato presidencial de la colectividad para las elecciones de 2026.
Ahora, la inspección a la sede del Pacto Histórico constituye una nueva diligencia dentro de ese expediente y busca aportar elementos documentales y contables a la investigación que adelanta la Corte Suprema.
El punto central para los investigadores será establecer si la información reportada ante las autoridades electorales refleja de manera completa y correcta el origen, naturaleza y destino de los recursos utilizados durante aquella consulta.
