La discusión por el protocolo anunciado por el presidente Abelardo De La Espriella para establecer cuándo la Fuerza Pública podrá ingresar a universidades durante hechos de violencia subió de tono este martes.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó duramente las críticas de Gustavo Petro e Iván Cepeda y aseguró que detrás de su rechazo existirían intereses políticos relacionados con la presencia de estructuras radicales dentro de algunos centros educativos.
Gutiérrez sostuvo que Petro y Cepeda estarían “asustados” ante la posibilidad de que el Estado actúe contra grupos que, según su señalamiento, han utilizado algunas universidades como espacios de reclutamiento e instrumentalización política.
“Porque por fin les van a acabar las células terroristas que han construido durante tantas décadas y que les han servido justamente para generar terror, para tomarse algunos de los centros educativos en el país”, afirmó el mandatario local.
La controversia comenzó después de que De La Espriella anunciara un protocolo nacional para determinar en qué circunstancias las autoridades podrán intervenir dentro de los campus universitarios.
El presidente planteó diferenciar entre las manifestaciones pacíficas y aquellos escenarios en los que existan violencia, flagrancia, peligro para la vida o alteraciones extraordinarias del orden público.
“La autonomía universitaria no es patente de impunidad”, advirtió el mandatario.
Petro y Cepeda rechazaron el anuncio, argumentando que la autonomía universitaria y las garantías para la protesta deben ser respetadas.
Sin embargo, Gutiérrez planteó una lectura completamente diferente. Según el alcalde, durante años se habría construido un discurso alrededor de la autonomía universitaria que terminó siendo utilizado por grupos irregulares para ingresar o ejercer influencia dentro de instituciones educativas.
“Eso es parte de un relato que construyeron durante muchos años, muchas décadas, para justamente, con la excusa de la autonomía universitaria, todos estos grupos irregulares pudieran entrar a las universidades públicas, instrumentalizar jóvenes, cambiar el relato y, por supuesto, cogerlo como una bandera política”, aseguró.
El alcalde también lanzó fuertes cuestionamientos contra la administración Petro y afirmó que durante ese gobierno se habría favorecido a organizaciones armadas ilegales.
“Ellos trabajan para ellos. Así como hicieron en el último gobierno, que fue fortalecer las Farc, al ELN y a las estructuras criminales”, sostuvo.
Gutiérrez insistió en que las universidades no pueden convertirse en espacios al margen de la ley y rechazó la posibilidad de que existan “zonas de distensión” dentro de las ciudades.
“No se pueden seguir permitiendo zonas de distensión dentro de las ciudades”, afirmó.
El mandatario paisa también aprovechó la discusión para cuestionar nuevamente a Petro y aseguró que ya es momento de dejar atrás el discurso del expresidente.
“Ya no hay que pararle más bolas” a Petro, manifestó Gutiérrez, al considerar que sus actuaciones le hicieron “mucho daño al país”.
La discusión, entretanto, apenas comienza. El Gobierno nacional deberá definir las reglas que determinarán cuándo una protesta universitaria deja de ser un ejercicio legítimo y se convierte en un escenario que requiera intervención de las autoridades.
El gran desafío estará en encontrar el equilibrio entre garantizar la autonomía universitaria y el derecho a la protesta, sin permitir que esos principios sean utilizados como escudo frente a hechos violentos o delitos.
Y mientras el Gobierno prepara el protocolo, la oposición y sectores políticos enfrentados al petrismo ya tienen clara su posición: universidad sí, autonomía sí, pero —según esta postura— impunidad, no.
