El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó una fuerte denuncia sobre los hechos violentos protagonizados por personas encapuchadas en universidades públicas de la ciudad y aseguró que, durante el gobierno de Gustavo Petro, funcionarios de alto nivel habrían intervenido para evitar procedimientos de la Fuerza Pública.
Según el mandatario, algunos de los grupos que estarían detrás de disturbios y ataques dentro de los campus universitarios habrían mantenido comunicación directa con funcionarios del Gobierno nacional.
Gutiérrez afirmó que, cuando la Policía intentaba avanzar en la captura de personas señaladas de participar en hechos violentos, desde Bogotá se habrían realizado llamadas a integrantes de la institución para impedir o frenar el ingreso de los uniformados a las universidades.
El alcalde señaló específicamente a funcionarios que habrían estado vinculados al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa, y sostuvo que posteriormente la presión habría llegado hasta comandantes de la Policía Metropolitana de Medellín y otros altos mandos.
“Llamaban directamente a funcionarios del gobierno Petro”, aseguró Gutiérrez al referirse a los presuntos contactos que, según su versión, buscaban evitar la captura de personas que estarían involucradas en hechos que calificó como terroristas.
El caso de alias ‘Cuervo’
Como ejemplo, el alcalde recordó el caso de alias ‘Cuervo’, un hombre que, según su versión, fue capturado en junio de 2026 y señalado de pertenecer al ELN.
Gutiérrez aseguró que el hombre no era estudiante de la Universidad de Antioquia ni pertenecía a otra comunidad universitaria. De acuerdo con su relato, las autoridades lo habrían seguido después de que abandonara el campus.
El sospechoso habría retirado la capucha y cambiado su apariencia antes de abordar un taxi. El seguimiento continuó hasta el sector de Castilla, donde finalmente habría sido capturado.
El alcalde agregó que, durante un posterior allanamiento a su vivienda, las autoridades habrían encontrado banderas alusivas al ELN y material que, según la investigación, estaría relacionado con la fabricación de explosivos.
Estas afirmaciones corresponden a la versión entregada públicamente por Gutiérrez y deberán ser contrastadas con las autoridades judiciales y los resultados de las investigaciones correspondientes.
“Las universidades no pueden ser zonas de despeje”
Gutiérrez sostuvo que las autoridades tendrían identificados 22 grupos que, según sus investigaciones, tendrían presencia o algún tipo de vínculo con actividades desarrolladas en universidades públicas de Medellín.
El mandatario mencionó al ELN y otros grupos y movimientos radicales, además de advertir sobre presuntos problemas relacionados con el tráfico de drogas dentro de estos espacios.
Aunque aseguró defender las universidades públicas, a sus estudiantes y profesores, insistió en que la autonomía universitaria debe mantenerse en los ámbitos académico y administrativo, pero no puede convertirse en un mecanismo para impedir la actuación de las autoridades ante la comisión de delitos.
En ese sentido, cuestionó que algunos procedimientos de inteligencia contra personas señaladas de participar en hechos violentos lleven meses sin ejecutarse.
Respaldo al protocolo de De la Espriella
Las declaraciones se conocen después de que el presidente Abelardo De la Espriella anunciara nuevos protocolos para responder ante hechos violentos en universidades.
Gutiérrez respaldó la iniciativa y coincidió en que debe garantizarse la protesta pacífica, pero al mismo tiempo debe existir una respuesta institucional cuando se presenten agresiones, vandalismo o posibles delitos.
El debate vuelve a poner sobre la mesa uno de los asuntos más sensibles alrededor de las universidades públicas: hasta dónde llega la autonomía universitaria y en qué momento puede intervenir la Fuerza Pública cuando existen denuncias sobre hechos delictivos.
Mientras Gutiérrez pide una mayor coordinación entre las autoridades locales y el Gobierno nacional, también reclama que las labores de inteligencia permitan identificar y judicializar a quienes, según sus denuncias, estarían utilizando los campus universitarios como refugio después de participar en hechos violentos.
Por ahora, las graves acusaciones sobre supuestas presiones provenientes del anterior Gobierno para impedir capturas deberán ser acreditadas mediante pruebas y verificadas por las autoridades competentes.
