El primer mes de gobierno de Abelardo De La Espriella empieza a dejar varios frentes abiertos. La situación fiscal del país, la salida del director del DANE, la relación del Ejecutivo con la justicia y la posibilidad de intervención de la Fuerza Pública en universidades fueron algunos de los asuntos analizados.
Uno de los temas que concentró la discusión fue el Presupuesto General de la Nación para 2027, cuyo monto de $635 billones fue aprobado este lunes por las comisiones económicas del Congreso. Para el Gobierno, se trata de un paso fundamental; sin embargo, todavía queda por definir cómo se distribuirán los recursos y qué ajustes tendrá el proyecto.
El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas cuestionó el tamaño del presupuesto y puso sobre la mesa la anunciada ley de rescate fiscal, con la que el Gobierno pretende realizar un recorte cercano a los $45 billones.
“El ‘Presupuesto de la Verdad’ es gigantesco”, afirmó Cárdenas, quien consideró que habría sido conveniente conocer desde ahora cuáles serán las partidas que el Ejecutivo pretende reducir.
El economista advirtió además que, si los recortes no se concretan, el Gobierno podría verse obligado a acudir a otras alternativas para cerrar las cuentas, como una reforma tributaria o un aumento del cupo de endeudamiento.
La salida del director del DANE
Otro de los asuntos que generó críticas fue la salida de Ricardo Valencia de la dirección del DANE y la designación de Juan Manuel Alvarado como su reemplazo.
Para Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho, esta decisión hace parte de una serie de actuaciones del nuevo Gobierno que generan interrogantes sobre la manera en que está ejerciendo el poder.
Caro reconoció el esfuerzo del mandatario por llevar el Gobierno a las regiones, pero cuestionó lo que calificó como actuaciones “Abelardocéntricas” y mencionó tanto el caso del DANE como las diferencias del Ejecutivo con sectores privados.
¿Hasta dónde llega la autonomía universitaria?
La controversia sobre la presencia de la Fuerza Pública en las universidades también ocupó un espacio importante en el debate.
Caro sostuvo que el presidente no puede establecer unilateralmente cuándo una protesta es legítima y recordó que la Corte Constitucional ha puesto límites a normas que, a su juicio, restringían el derecho a la protesta.
Desde otra perspectiva, la senadora del Centro Democrático María Clara Posada defendió que la autonomía universitaria debe estar acompañada de garantías para estudiantes, docentes y trabajadores.
Para la congresista, el objetivo debe ser proteger a quienes quieren desarrollar sus actividades académicas y laborales sin verse afectados por hechos violentos.
La discusión se produce en medio de la postura del Gobierno de actuar frente a manifestaciones que deriven en violencia o afecten la seguridad dentro de las instituciones educativas.
Un Gobierno que enfrenta una difícil situación fiscal
El exministro del Interior Guillermo Rivera consideró que el primer mes de la administración también ha dejado dudas frente a algunas de las promesas realizadas durante la campaña.
Rivera señaló que el presidente no habría cumplido completamente su compromiso de gobernar con “los nunca”, al considerar que su administración terminó incorporando a figuras con amplia experiencia en el sector público.
El exministro también advirtió que la crisis fiscal será uno de los mayores desafíos del Ejecutivo y que resolverla requerirá decisiones complejas sobre ingresos y gastos.
En contraste, el analista político Julio César Iglesias destacó la gestión del Gobierno en materia de seguridad. Aseguró que, con los recursos disponibles, la administración ha conseguido resultados militares que le permiten ganar tiempo para consolidar su estrategia.
Iglesias también planteó que la actual situación fiscal no puede atribuirse exclusivamente al gobierno anterior y señaló la responsabilidad que también tendría el Congreso por aprobar gastos que posteriormente resultan difíciles de financiar.
Así, el balance del primer mes de Abelardo De La Espriella permanece dividido. Mientras sus críticos ponen el foco en decisiones institucionales, autonomía universitaria y sostenibilidad fiscal, sus defensores destacan los resultados iniciales en seguridad y la intención de reorganizar unas finanzas públicas que el nuevo Gobierno recibió en una situación compleja.
El verdadero pulso comenzará ahora con la discusión del articulado del presupuesto, la ejecución de los recortes anunciados y las próximas decisiones del Ejecutivo frente a seguridad, universidades y funcionamiento de las entidades del Estado.
