La decisión quedó consignada en la Resolución 391 de 2026, mediante la cual se revocó la designación de Vera Grabe como representante del Gobierno nacional en la Mesa de Diálogos de Paz con el ELN.
El acto administrativo también dejó sin representación oficial en esa mesa a varias de las personas que habían sido designadas durante el gobierno Petro. Entre ellas aparecen María José Pizarro, Olga Liliana Silva, Iván Cepeda, Rodrigo Botero, Horacio Guerrero, Carlos Rosero, Rosmery Quintero, Dayana Urzola, Álvaro Matallana, José Félix Lafaurie, Nigeria Rentería y Mabel Lara.
Con esta determinación, la administración de De La Espriella marca una ruptura con la estrategia de negociación implementada durante el gobierno anterior, que abrió espacios de diálogo con diferentes organizaciones armadas y estructuras criminales bajo el concepto de paz total.
El presidente ha insistido en que su política de seguridad no contempla nuevos procesos de negociación con grupos criminales y que quienes permanezcan al margen de la ley tendrán como alternativa el sometimiento ante las autoridades.
La decisión sobre el ELN se suma a otra determinación adoptada por el Ejecutivo frente al denominado Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.
Mediante la Resolución 390 de 2026, el Gobierno revocó la designación de Álvaro Jiménez Millán como coordinador de los representantes del Ejecutivo en el espacio de conversación con esa organización armada.
También quedaron revocados los nombramientos de María Gaitán Valencia, Armando Custodio, Víctor Barrera y Águeda Plata.
El viraje representa un cambio significativo frente a la política de negociación de la administración Petro. El ELN había mantenido durante varios ciclos conversaciones con delegados del Gobierno, mientras los encuentros se desarrollaban en distintos escenarios, entre ellos México y Venezuela.
Sin embargo, el proceso terminó deteriorándose en medio de la persistencia de acciones violentas atribuidas a esa organización y de la suspensión de los diálogos.
Ahora, el Gobierno de De La Espriella busca dejar claro que no existirán estructuras paralelas de negociación ni funcionarios autorizados para adelantar conversaciones con grupos armados por fuera de la línea oficial del Ejecutivo.
El propio presidente ha advertido recientemente que ningún funcionario está autorizado para adelantar diálogos o acercamientos con organizaciones criminales sin autorización gubernamental y que quienes desconozcan esa directriz podrían ser denunciados ante las autoridades.
El desmonte de las mesas heredadas de la administración Petro abre una nueva etapa en la política de seguridad nacional y deja sobre la mesa una pregunta clave: ¿el sometimiento será suficiente para lograr que los grupos armados abandonen las armas o el Gobierno terminará obligado a replantear su estrategia frente a las organizaciones que mantienen capacidad militar y control territorial?
