Según el congresista del Centro Democrático, los hechos se remontan al 26 de febrero, cuando la cartera de Salud habría contratado servicios logísticos para una actividad institucional que incluyeron el montaje de una tarima y otros elementos necesarios para el desarrollo del evento.
La controversia surgió porque, de acuerdo con la denuncia de Briceño, al día siguiente esa misma infraestructura habría sido utilizada para una actividad política relacionada con la campaña presidencial de Iván Cepeda, entonces candidato del Pacto Histórico.
“En la misma tarima se subió Iván Cepeda a hacer campaña al otro día”, había señalado Briceño meses atrás, al cuestionar la contratación.
El congresista sostuvo que, aunque inicialmente se habría argumentado que se trataba de contratos o actividades diferentes, en los documentos que revisó encontró que el Ministerio de Salud habría asumido el pago de la infraestructura logística correspondiente a dos jornadas.
De acuerdo con la información entregada por Briceño, el monto involucrado ascendería a $1.063 millones, recursos que, según su denuncia, habrían sido destinados a elementos como tarima, carpas, sonido, plantas eléctricas y otros servicios logísticos.
Briceño aseguró que este miércoles realizó una ampliación formal de la denuncia ante la Fiscalía, con nuevos elementos relacionados con el caso, para que las autoridades determinen si existieron irregularidades y, eventualmente, responsabilidades administrativas o penales.
El punto central de la controversia será establecer si los recursos públicos contratados por el Ministerio de Salud fueron utilizados exclusivamente para una actividad institucional o si parte de esa infraestructura terminó beneficiando una actividad de carácter electoral.
Por ahora, los señalamientos corresponden a la denuncia presentada por el congresista y deberán ser objeto de verificación por parte de las autoridades competentes. La existencia de contratos de logística y la coincidencia temporal de las actividades, por sí solas, no determinan que se haya cometido un delito.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el uso de recursos públicos durante periodos electorales y plantea una pregunta que ahora deberá responder la Fiscalía: ¿se utilizaron recursos del Estado para facilitar, directa o indirectamente, un evento de campaña política?
