El caso de Juliana Guerrero, una de las figuras más controvertidas de la administración de Gustavo Petro, dio un giro definitivo este 9 de septiembre. La joven aceptó su responsabilidad dentro de la investigación por los títulos académicos que obtuvo de manera fraudulenta y que posteriormente utilizó para acceder al cargo de viceministra de las Juventudes.
De acuerdo con la información revelada durante la formalización del preacuerdo, Guerrero llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual reconoció su participación en los hechos y aceptó cargos por el delito de fraude procesal.
El acuerdo establece, además, una modificación en el grado de participación atribuido inicialmente: Guerrero pasó de ser considerada autora a cómplice dentro del proceso.
Aceptó que obtuvo los títulos de manera fraudulenta
Según lo expuesto en el proceso, Guerrero reconoció que participó en la obtención de dos títulos de pregrado expedidos por la Fundación Universitaria San José en julio de 2025.
La joven, que tenía 24 años al momento de los hechos investigados, habría utilizado esos documentos con el propósito de cumplir los requisitos académicos necesarios para llegar al cargo de viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad.
La aceptación de responsabilidad representa uno de los momentos más importantes del proceso judicial, pues implica que la acusada decidió evitar un juicio ordinario y acogerse a los términos negociados con la Fiscalía.
No pasará un solo día en prisión
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del preacuerdo es que, pese a que Guerrero será condenada, no tendría que cumplir la pena en una cárcel.
La razón está relacionada con que la pena acordada se encuentra dentro de los parámetros que permiten la aplicación de una sanción excarcelable, de acuerdo con lo señalado en la información del proceso.
Por esta razón, la condena no significaría que la joven tenga que ingresar a un establecimiento penitenciario.
El acuerdo contempla, en cambio, otras consecuencias jurídicas importantes.
Multa e inhabilidad para ejercer cargos públicos
Entre las condiciones establecidas en el preacuerdo aparece una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales vigentes.
Además, Guerrero quedaría inhabilitada durante dos años y medio para ocupar cargos públicos.
Estas sanciones se suman al reconocimiento de responsabilidad que hizo dentro del proceso por fraude procesal.
La Fundación Universitaria San José, acreditada como víctima dentro de la investigación, habría aceptado los términos y límites planteados en el acuerdo.
También ofrecerá disculpas públicas
Otro de los compromisos mencionados durante la formalización del preacuerdo está relacionado con la institución educativa.
Guerrero manifestó su intención de ofrecer excusas públicas a la Fundación Universitaria San José por los daños que los hechos investigados habrían ocasionado a su buen nombre.
La Fiscalía señaló que el acuerdo fue resultado de varias sesiones de negociación y que Guerrero contó durante todo el proceso con la asesoría de su abogado de confianza.
Fiscalía dice que no recibió un trato privilegiado
Durante la audiencia, la Fiscalía hizo énfasis en que Guerrero no cuenta con ningún fuero constitucional o legal y que tampoco está siendo procesada en calidad de servidora pública.
En consecuencia, para efectos del proceso penal, fue tratada como una ciudadana particular.
La Fiscalía sostuvo que esto significa que la joven no recibió un tratamiento privilegiado ni discriminatorio y que los beneficios incluidos en el preacuerdo corresponden a los mecanismos establecidos dentro del proceso penal.
El caso comenzó con su llegada al Gobierno
La controversia tomó fuerza cuando se conocieron los cuestionamientos sobre los documentos académicos presentados por Guerrero para acreditar su formación profesional.
La documentación fue utilizada en el proceso que terminó con su llegada al cargo de viceministra de las Juventudes en 2025.
Ahora, con el reconocimiento de responsabilidad, el proceso entra en una etapa decisiva en la que deberá concretarse judicialmente el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa.
Un caso que también salpica a la Fundación San José
El expediente no solamente involucra a Guerrero.
También fue procesado Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien se desempeñaba como secretario general de la Fundación Universitaria San José y aceptó cargos relacionados con la expedición de los títulos cuestionados.
El funcionario ya recibió una sentencia después de reconocer su participación en los hechos.
De esta manera, el proceso judicial ha permitido establecer responsabilidades en diferentes niveles alrededor de los documentos académicos que terminaron siendo utilizados por Guerrero.
La pregunta que vuelve a poner el foco sobre Petro
El reconocimiento de responsabilidad de Juliana Guerrero vuelve a generar interrogantes políticos alrededor de su paso por el Gobierno de Gustavo Petro.
La joven no solamente estuvo vinculada a la administración, sino que alcanzó a ocupar un cargo de relevancia dentro del Ministerio de la Igualdad.
Ahora que aceptó su participación en la obtención fraudulenta de los títulos, queda nuevamente sobre la mesa la discusión acerca de qué controles se aplicaron para verificar sus documentos académicos antes de su nombramiento.
También se abre el interrogante sobre cuál será la reacción política del expresidente Gustavo Petro frente al desenlace judicial de uno de los casos que generó mayor controversia alrededor de su administración.
Por ahora, lo establecido en el preacuerdo es claro: Juliana Guerrero aceptó responsabilidad por fraude procesal, será condenada, deberá pagar una multa de 100 salarios mínimos y tendrá una inhabilidad de dos años y medio para ejercer cargos públicos, pero no tendrá que cumplir la pena en prisión, según los términos conocidos del acuerdo.
