La declaración del mandatario se produjo este martes, después de la reunión que sostuvo en Barranquilla con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, encuentro en el que Colombia y Estados Unidos abordaron asuntos relacionados con seguridad, lucha contra el narcotráfico y cooperación bilateral.
Durante su intervención, De La Espriella fue enfático al referirse al tratamiento que, según su Gobierno, recibirán los integrantes de grupos armados ilegales que decidan continuar en actividades criminales.
“Bandido que no se someta, le vamos a dar de baja como en derecho corresponde”, afirmó el jefe de Estado.
El mandatario también aseguró que Colombia mantendrá una posición firme frente a las estructuras criminales y señaló que el país cumplirá el papel que le corresponde dentro del denominado Escudo de las Américas, estrategia regional enfocada en combatir organizaciones dedicadas al crimen organizado.
En otro de sus pronunciamientos, De La Espriella utilizó una expresión todavía más contundente para describir el destino que, desde su perspectiva, tendrán quienes persistan en la criminalidad.
“Les vamos a dar a los delincuentes el lugar que se merecen, que es una cárcel o una tumba”, manifestó.
Las declaraciones se producen en medio de un intenso debate nacional sobre la política de seguridad del Gobierno y la manera en que se presentan públicamente los resultados de las operaciones militares contra grupos armados.
Recientemente, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, cuestionó un video en el que el presidente aparece caminando alrededor de los cuerpos de integrantes de las disidencias que fueron abatidos durante operaciones de la Fuerza Pública.
La funcionaria manifestó su preocupación por la forma en que se exhibieron los cuerpos y por lo que consideró una actitud de exaltación frente a las muertes ocurridas durante las operaciones.
“No recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes”, expresó Marín.
La defensora también hizo un llamado para que el Estado no termine compitiendo con las organizaciones armadas en demostraciones de fuerza o miedo.
“No pueden disputar con los grupos armados quién produce más miedo, quién humilla más al adversario o quién convierte la muerte en una demostración de poder”, sostuvo.
Marín recordó además que, aunque las operaciones militares pueden generar enfrentamientos y muertes, las actuaciones de la Fuerza Pública y del Gobierno deben mantenerse dentro de los límites establecidos por la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario.
“En la guerra existen los límites. Los muertos deben ser respetados y tratados dignamente”, afirmó.
El pronunciamiento de la Defensoría cobra especial relevancia en momentos en que el Gobierno busca mostrar resultados contundentes contra las organizaciones armadas ilegales. Entre los casos recientes también está la presentación de los cuerpos de Naín Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, su pareja y dos de sus escoltas, tras una operación de la Fuerza Pública.
Mientras el Gobierno defiende una política de confrontación directa contra quienes continúen en actividades criminales, organismos como la Defensoría del Pueblo insisten en que la lucha contra los grupos armados debe desarrollarse bajo las normas constitucionales y humanitarias.
El choque de posiciones refleja uno de los principales debates de la actual política de seguridad: cómo mantener una ofensiva contundente contra las estructuras criminales sin desconocer las obligaciones que tiene el Estado frente al respeto de la dignidad humana y las normas que regulan los conflictos armados.
Por ahora, De La Espriella mantiene su discurso de línea dura y advierte que quienes rechacen el sometimiento a la justicia se enfrentarán a la acción de la Fuerza Pública.
