La discusión se produjo durante la emisión de Hora 20, de Caracol Radio, donde los panelistas analizaron las distintas versiones entregadas por la exconsejera presidencial para las Regiones, así como la controversia generada después de que la Presidencia divulgara videos en los que aparecen cuerpos de integrantes de grupos armados dados de baja durante operaciones militares.
Uno de los cuestionamientos más fuertes contra Ortiz provino del senador Ariel Ávila, quien puso en duda la consistencia de sus declaraciones.
El congresista señaló que la exfuncionaria primero habría sostenido que no tuvo participación en los hechos que son materia de investigación y posteriormente entregó una versión diferente. Para Ávila, ese cambio termina afectando la credibilidad de sus afirmaciones.
El senador también cuestionó la decisión de mostrar públicamente los cuerpos de los combatientes muertos.
Aunque sostuvo que la exhibición de cadáveres no necesariamente constituye una conducta ilegal, consideró que sí puede ubicarse en una zona de preocupación desde el punto de vista ético y del derecho internacional humanitario.
Ávila recordó experiencias anteriores de Colombia en las que el número de bajas fue utilizado como indicador de resultados militares y advirtió que el Estado puede enfrentar a los grupos criminales sin necesidad de convertir los cuerpos en parte de su estrategia de comunicación.
La situación de Sandra Ortiz también fue analizada por el periodista Sebastián Nohra, quien llamó la atención sobre el tratamiento que ha recibido dentro del proceso relacionado con la UNGRD.
Nohra sostuvo que existen interrogantes alrededor de la actuación de la Fiscalía y señaló que las declaraciones de Ortiz deberían ser tenidas en cuenta dentro de una discusión más amplia sobre otros casos que, según su apreciación, no han avanzado de la misma manera.
El abogado penalista Francisco Bernate abordó otro de los aspectos polémicos del caso: la asignación del juez que lleva el proceso contra la exfuncionaria.
De acuerdo con Bernate, Ortiz ha manifestado reparos porque, según su versión, le habría correspondido nuevamente el mismo juez. El abogado explicó que los procesos en Paloquemao cuentan con mecanismos de reparto aleatorio, por lo que este punto deberá ser esclarecido dentro del proceso correspondiente.
Pero la discusión no quedó limitada al escándalo de la UNGRD. La seguridad y la política militar del nuevo Gobierno también generaron posiciones encontradas.
El abogado Felipe Caballero defendió las medidas adoptadas por la administración de De la Espriella y sostuvo que las operaciones militares, incluidos los bombardeos, hacen parte de las herramientas disponibles para enfrentar a las organizaciones criminales.
Desde su perspectiva, el Gobierno está cumpliendo con una política de seguridad que ya había anunciado durante la campaña y que busca combinar las acciones militares con eventuales procesos de negociación.
En el otro extremo, Luz María Sierra, directora de El Colombiano, cuestionó tanto las declaraciones de Sandra Ortiz como la estrategia utilizada por el Gobierno para presentar los resultados de sus operativos.
Sierra consideró que las versiones de Ortiz han sido contradictorias y cuestionó el tono utilizado por la exfuncionaria frente a la Fiscalía y posteriormente frente al Gobierno.
Sobre las imágenes de los cuerpos, la periodista señaló que tienen un impacto comunicativo particularmente fuerte. La escena del presidente caminando entre los cadáveres, dijo, genera una reacción negativa en parte de la opinión pública y convierte el manejo de las imágenes en un asunto político adicional.
Así, el debate dejó dos discusiones abiertas. Por un lado, el futuro judicial de Sandra Ortiz y las preguntas que siguen rodeando el escándalo de la UNGRD. Por otro, la manera en que el Gobierno está enfrentando y comunicando sus operaciones contra los grupos armados.
La controversia se produce además justo cuando el país tiene la mirada puesta en la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Barranquilla, encuentro en el que la seguridad y la relación entre Colombia y Washington serán asuntos centrales.
