La estrategia contempla la incorporación de nuevos equipos tecnológicos y elementos de protección para fortalecer las labores de vigilancia, inspección y control dentro y alrededor del penal.
Entre la nueva dotación se encuentran cámaras corporales, cámaras para inspección, detectores de metales, drones y chalecos balísticos, entre otros elementos destinados a mejorar la capacidad operativa de los funcionarios encargados de la seguridad.
Durante el anuncio, el presidente fue enfático al señalar que las cárceles no pueden convertirse en lugares desde donde se continúen coordinando actividades criminales.
“Las cárceles no pueden ser centros de operación de las estructuras criminales”, afirmó el mandatario.
La medida busca cerrar espacios utilizados por organizaciones delincuenciales para mantener comunicaciones, impartir órdenes o continuar manejando actividades ilegales pese a encontrarse privados de la libertad.
Con el uso de drones y sistemas de vigilancia, las autoridades pretenden ampliar la capacidad de monitoreo y detectar posibles movimientos o situaciones irregulares que puedan comprometer la seguridad de los establecimientos.
El Gobierno también señaló que el propósito es recuperar plenamente la autoridad del Estado dentro de los centros penitenciarios y evitar que los internos puedan utilizar las cárceles como plataformas para mantener actividades delictivas.
Palogordo se convierte así en uno de los primeros establecimientos en recibir este fortalecimiento tecnológico, aunque la estrategia podría extenderse progresivamente a otras cárceles del territorio nacional.
La administración de De La Espriella busca que el aumento de los controles, acompañado de herramientas tecnológicas y mejores elementos para el personal penitenciario, permita reducir la capacidad de operación de las estructuras criminales desde las prisiones.
El mensaje del Gobierno es directo: la privación de la libertad debe significar también el fin de la capacidad de seguir delinquiendo desde el interior de una cárcel.
