Fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmaron el traslado, que se produjo horas después de que el presidente Abelardo De La Espriella revelara públicamente que se había realizado una requisa en la celda del exmandatario departamental.
Durante el procedimiento, funcionarios del Inpec encontraron un teléfono celular dentro de la celda de Gómez. El hallazgo motivó la apertura de una investigación para establecer las circunstancias en las que el dispositivo llegó hasta el lugar de reclusión y determinar si existe alguna relación con las intimidaciones que han generado preocupación dentro de la Rama Judicial.
El propio presidente De La Espriella había anticipado que, de ser necesario, ‘Kiko’ Gómez sería trasladado a otro establecimiento penitenciario para reforzar las medidas de seguridad y evitar cualquier situación que pudiera comprometer la investigación.
“Hemos tomado todas las medidas, incluso, frente a la persona señalada como autor de las amenazas. A primera hora de la mañana entramos por el Inpec a su celda, revisamos sus pertenencias, encontramos un celular y vamos a hacer la investigación”, manifestó el mandatario.
De La Espriella también fue enfático al referirse a las amenazas contra los magistrados de la Corte Suprema y dejó claro que su Gobierno no permitirá actos de intimidación contra quienes administran justicia.
“Aquí nadie va a amenazar a la Corte. Cualquiera que se levante contra la Corte se levanta contra el Gobierno y a dejar sobre él o ellos todo el peso de la ley”, afirmó.
El jefe de Estado sostuvo además que cualquier intento de intimidar o presionar a un juez por el contenido de sus decisiones constituye una afectación directa al funcionamiento de la justicia y de las instituciones democráticas.
“Una amenaza contra un juez, una intimidación contra un magistrado o cualquier intento de presionarlo por el contenido de sus decisiones, es una agresión contra la justicia misma y contra la salud de la República”, señaló.
El caso se encuentra relacionado con las alertas que surgieron después de la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de condenar a Gómez por el homicidio del concejal Luis López, luego de que anteriormente hubiera sido absuelto.
La situación generó preocupación en el alto tribunal y llevó a que las autoridades reforzaran las medidas de seguridad alrededor de los magistrados, mientras avanzan las investigaciones para establecer quién estaría detrás de las intimidaciones.
La defensa pide respetar la presunción de inocencia
Frente al hallazgo del celular y a los señalamientos que vinculan a su cliente con las amenazas, el abogado Gustavo Moreno pidió que se adelante una investigación rápida, pero insistió en que el teléfono encontrado en la celda no constituye, por sí solo, una prueba de que Gómez haya participado en las intimidaciones.
El penalista aseguró que la defensa rechaza cualquier ataque contra la Rama Judicial, pero también reclamó que se respeten las garantías procesales de su representado.
“Un hallazgo en su celda, un teléfono celular, no le atribuye necesariamente la autoría o participación en este hecho gravísimo y lamentable que debe ser investigado. No lo podemos tomar como un chivo expiatorio”, sostuvo Moreno.
El abogado también hizo un llamado directo al presidente De La Espriella, recordándole su formación como penalista y la importancia de garantizar la presunción de inocencia mientras las autoridades determinan las responsabilidades.
“Exigimos una investigación célere, con pruebas que le demuestren al país quiénes son los responsables, pero que también se respete la presunción de inocencia”, manifestó.
Con el traslado a La Picaleña, las autoridades buscan reforzar el control sobre las condiciones de reclusión de ‘Kiko’ Gómez mientras continúan las pesquisas. Ahora será la investigación la que deberá establecer el origen y uso del teléfono encontrado en su celda y, sobre todo, si existe alguna conexión entre ese elemento y las amenazas que encendieron las alarmas en la Corte Suprema.
Por ahora, el hallazgo del dispositivo constituye un elemento bajo investigación y no permite concluir por sí mismo que el exgobernador sea responsable de las intimidaciones contra los magistrados.
