El traslado se produce en medio de la tensión generada por las amenazas denunciadas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, después de la decisión que terminó con la condena de Gómez por el homicidio del concejal Luis López.
La inspección a la celda fue ordenada por el Gobierno Nacional y ejecutada por funcionarios del Inpec. Tras encontrar el dispositivo, se abrió una investigación para establecer su procedencia, la forma en que ingresó al establecimiento y, especialmente, si tuvo algún vínculo con las intimidaciones que son materia de investigación.
Antes de que se confirmara el traslado, el presidente Abelardo De La Espriella había advertido que Gómez podría ser llevado a otro penal si las circunstancias lo hacían necesario.
El mandatario fue enfático al referirse a las amenazas contra los integrantes de la Corte Suprema.
“Aquí nadie va a amenazar a la Corte”, sostuvo De La Espriella, al advertir que cualquier persona que intente intimidar a los magistrados deberá responder ante la justicia.
El presidente también señaló que las amenazas contra jueces y magistrados no pueden ser consideradas hechos aislados, pues representan, según dijo, un ataque contra el funcionamiento de las instituciones.
“Una amenaza contra un juez, una intimidación contra un magistrado o cualquier intento de presionarlo por el contenido de sus decisiones, es una agresión contra la justicia misma y contra la salud de la República”, manifestó.
La defensa de Gómez cuestiona cualquier vínculo
El abogado Gustavo Moreno, representante de Gómez y vocero de su familia, confirmó que el celular fue encontrado dentro de la celda, pero advirtió que este hallazgo, por sí solo, no demuestra que su cliente esté detrás de las amenazas.
Moreno pidió que las autoridades adelanten una investigación “célere” y sustentada en pruebas, tanto para establecer quiénes estarían detrás de las intimidaciones como para determinar si existe alguna relación con el exgobernador.
El abogado también recordó al presidente De La Espriella su condición de penalista y le pidió respetar la presunción de inocencia de Gómez frente a los hechos que actualmente son investigados.
Según la defensa, el exgobernador y su familia niegan cualquier responsabilidad o participación en las amenazas contra los magistrados y en los demás hechos que han generado la alerta de seguridad.
Un caso que sigue bajo investigación
El episodio ocurre después de que la Corte Suprema de Justicia adoptara una decisión judicial que modificó el panorama de Gómez y terminó con una condena relacionada con el asesinato del concejal Luis López.
A esto se sumaron las alertas por presuntas amenazas contra integrantes de la corporación y un ataque contra instalaciones de la Procuraduría, hechos que ahora son objeto de investigación por parte de las autoridades.
Con el traslado a La Picaleña, el Gobierno busca reforzar las condiciones de seguridad alrededor del exgobernador mientras avanzan las pesquisas.
La gran incógnita ahora está en el teléfono encontrado en su celda: las autoridades deberán determinar quién lo utilizaba, cómo llegó hasta allí y si existe alguna conexión con las amenazas contra la justicia.
Mientras tanto, ‘Kiko’ Gómez permanecerá recluido en La Picaleña, en Ibagué, y el caso continuará bajo seguimiento de las autoridades penitenciarias y judiciales.
