El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que su Gobierno avanzará en la construcción de megacárceles de máxima seguridad para recluir a los delincuentes considerados más peligrosos del país y cortar la capacidad de las estructuras criminales para operar desde los centros penitenciarios.
El mandatario aseguró que las nuevas instalaciones serán desarrolladas mediante esquemas de asociación con empresas privadas y estarán diseñadas para mantener bajo estrictos controles a líderes de organizaciones criminales y otros internos de alta peligrosidad.
La decisión responde, según el Gobierno, a la preocupación por el uso de las cárceles como centros desde los cuales se estarían coordinando extorsiones, amenazas, homicidios y otras actividades delictivas.
De La Espriella cuestionó duramente la situación actual del sistema penitenciario y sostuvo que algunas cárceles dejaron de cumplir exclusivamente su función de reclusión.
“Es lamentable que las cárceles de Colombia hayan dejado de ser centros de reclusión para convertirse en antros de criminalidad, en universidades del crimen, desde donde se extorsiona, amenaza, se ordenan asesinatos y se dirigen estructuras terroristas. Eso se acabó”, afirmó.
Durante su intervención, el jefe de Estado mencionó a varios delincuentes conocidos por sus alias, entre ellos ‘Miquito’, ‘Caballo’, ‘El Primo’, ‘Hormiga’, ‘Huequito’, ‘Negro Ober’ y ‘Pequeño’, como parte del grupo de criminales que deberán permanecer bajo mayores controles.
Pero mientras se concreta la construcción de las nuevas penitenciarías, el Presidente ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reforzar de inmediato la seguridad en los establecimientos existentes.
El mandatario también lanzó una advertencia directa a la dirección del instituto: “El director del Inpec me tiene que dar resultados. Funcionario que no da resultado, funcionario que sale”.
La orden incluye combatir de manera frontal los hechos de corrupción dentro de la institución. De La Espriella aseguró que habrá tolerancia cero frente a funcionarios que colaboren con organizaciones criminales.
“La corrupción en el Inpec se arranca de raíz. El funcionario que se venda a un delincuente dejará de portar un uniforme para empezar a responder ante la justicia”, advirtió.
La estrategia plantea varios interrogantes: ¿dónde serán construidas las nuevas megacárceles?, ¿cuánto costará el proyecto?, ¿cuándo comenzarán las obras y bajo qué esquema participará el sector privado? También queda por establecer cuáles serán los protocolos que permitirán impedir que los internos continúen utilizando teléfonos y otros medios de comunicación para impartir órdenes desde prisión.
El Gobierno busca que las nuevas infraestructuras permitan aislar a los principales cabecillas y evitar que las cárceles continúen funcionando como centros de coordinación criminal.
De La Espriella sostuvo que los nuevos establecimientos deberán mantener a los internos alejados de la sociedad y bajo condiciones de máxima seguridad, al tiempo que insistió en que quienes sean condenados deberán cumplir las penas impuestas por la justicia.
La apuesta penitenciaria se suma así a los recientes traslados de internos considerados de alta peligrosidad y a las medidas anunciadas para bloquear las comunicaciones ilegales desde las cárceles.
