La operación hace parte de las medidas especiales ordenadas por el Gobierno Nacional para reforzar el control sobre internos considerados de especial riesgo y evitar que, desde los lugares de reclusión, puedan mantener contacto con integrantes de organizaciones delincuenciales o impartir instrucciones relacionadas con actividades criminales.
El procedimiento se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y con acompañamiento de la Fuerza Pública, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad asociadas a algunos de los internos.
De acuerdo con las autoridades, diez de los trasladados permanecían detenidos en estaciones de Policía de Barranquilla, mientras que los otros diez se encontraban en la Cárcel Distrital de Alta Seguridad de la ciudad.
Los internos fueron trasladados inicialmente hacia establecimientos penitenciarios de Bogotá. La medida contempla que, una vez cumplida esta primera etapa, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) determine su distribución en diferentes cárceles del país, de acuerdo con los análisis individuales de seguridad.
Entre los trasladados figuran personas señaladas dentro de investigaciones relacionadas con organizaciones criminales que tienen presencia en Barranquilla y su área metropolitana. Las autoridades buscan evitar que las condiciones de reclusión permitan mantener o fortalecer estructuras delictivas desde el interior de los centros de detención.
El Gobierno ha insistido en que uno de los objetivos principales de la medida es cortar las comunicaciones que eventualmente puedan ser utilizadas para ordenar extorsiones, amenazas, homicidios u otras actividades ilícitas desde las cárceles.
La operación se realizó mediante un dispositivo especial que incluyó medidas de seguridad para prevenir fugas, rescates o ataques durante el desplazamiento de los internos.
El traslado también se produce en medio de las acciones que adelantan las autoridades para enfrentar la violencia y las disputas entre estructuras criminales en Barranquilla y otros municipios del Atlántico.
Las autoridades reiteraron que las medidas penitenciarias deben desarrollarse dentro del marco constitucional y legal, respetando los derechos de las personas privadas de la libertad y las decisiones judiciales que correspondan en cada caso.
Con este operativo, el Gobierno busca enviar un mensaje de mayor control sobre las cárceles y avanzar en una estrategia destinada a impedir que las organizaciones criminales utilicen los centros de reclusión como plataformas para continuar coordinando actividades ilegales.
