El balance comprende hechos ocurridos entre el 14 de febrero y el 20 de agosto y ubica a Barranquilla y Soledad como los municipios con mayor número de estos episodios violentos.
De acuerdo con las cifras entregadas por las organizaciones, tres masacres ocurrieron en Barranquilla, tres en Soledad, una en Ponedera y una en Sabanalarga.
Para el Proceso Social de Garantías, la frecuencia de estos ataques representa una situación que no puede ser analizada como una suma de hechos independientes, debido al impacto que tiene sobre la seguridad y la tranquilidad de las comunidades.
Las organizaciones señalaron que algunas investigaciones han apuntado a posibles disputas entre estructuras criminales por el control territorial y las rentas provenientes de actividades ilegales. No obstante, insistieron en que cada caso debe ser investigado individualmente y que corresponde a las autoridades establecer los responsables y los móviles.
La última masacre ocurrió en Las Nieves
El caso más reciente incluido en el informe ocurrió el 20 de agosto en el parque del barrio Las Nieves, en el suroriente de Barranquilla.
En ese lugar fueron asesinados Erick Eduardo Cervantes Buitrago, Daniel Sebastián Borrero García y Daddys David Barrios Ospino.
El caso también dejó cuestionamientos sobre las primeras actuaciones judiciales. Dos adolescentes fueron detenidos inicialmente como presuntos responsables del ataque, pero posteriormente recuperaron su libertad.
Ante esta situación, las organizaciones hicieron énfasis en la necesidad de que las investigaciones se desarrollen con suficiente rigor para evitar señalamientos o capturas que posteriormente no puedan ser sustentados.
¿Qué está pasando en los territorios?
El Proceso Social de Garantías considera que la situación requiere una respuesta que vaya más allá de la reacción posterior a los homicidios.
Por ello, pidió a las autoridades nacionales, departamentales y municipales adoptar medidas extraordinarias de prevención, fortalecer la presencia institucional en las zonas de mayor riesgo y mejorar la coordinación para anticiparse a nuevos hechos violentos.
También reclamó investigaciones eficaces que permitan identificar a los responsables y afectar las estructuras criminales que estarían disputándose territorios y rentas ilegales.
La organización insistió en que la prioridad debe ser proteger a las comunidades y evitar que la violencia termine convirtiéndose en parte de la cotidianidad.
El llamado llega en medio de una preocupación creciente por la repetición de ataques múltiples en distintos municipios del departamento. Para las organizaciones, los 27 homicidios registrados en estas ocho masacres son una señal de alerta que exige resultados concretos y no solamente respuestas después de cada tragedia.
El reto para las autoridades será determinar qué estructuras están detrás de estos hechos, esclarecer los casos pendientes y establecer una estrategia capaz de frenar la violencia antes de que nuevas familias terminen engrosando las estadísticas.
