El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) confirmó que durante los días 7 y 8 de agosto fueron trasladadas más de 400 Personas Privadas de la Libertad (PPL) desde diferentes establecimientos penitenciarios del país, mientras este lunes avanzan nuevos traslados en Barranquilla que involucran a internos considerados de alto perfil.
De acuerdo con la información entregada por el INPEC, las movilizaciones fueron autorizadas mediante los respectivos actos administrativos y obedecen a diferentes razones de seguridad y organización del sistema carcelario.
Entre los objetivos señalados por la entidad están preservar la seguridad, mantener el orden interno, descongestionar los establecimientos penitenciarios y proteger la vida e integridad tanto de los internos como de los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia.
La jornada que se desarrolla en Barranquilla ha concentrado especial atención debido a que contempla el movimiento de varios internos considerados de alta peligrosidad o relevancia dentro de procesos judiciales.
Según la información conocida, algunos de los traslados ya efectuados incluyen a personas vinculadas con estructuras criminales y casos de alto impacto.
Entre los nombres mencionados aparecen Héctor Fernando Pérez, alias ‘Tomate’; Anderson Andrey Vargas, alias ‘Kevin’; John Keneber Cárdenas Murillo, alias ‘Kenner’, señalado como jefe de sicarios en Ibagué; Rafael Escobar Patiño, alias ‘Monstrico’; Marlon Herrera Zárate, alias ‘W’, y Charly de Jesús Torres, señalado como cabecilla de una estructura disidente de las Farc.
También se encuentra entre los movimientos conocidos Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, además de internos vinculados a situaciones de seguridad registradas en establecimientos penitenciarios como el de Itagüí.
El INPEC explicó que estas decisiones no obedecen exclusivamente a determinaciones de la administración penitenciaria. También se tuvieron en cuenta solicitudes formuladas por los propios internos o sus familiares, así como alertas de seguridad emitidas por las direcciones de los establecimientos.
Uno de los factores determinantes corresponde además a la clasificación de riesgo de los internos considerados de alta peligrosidad, lo que permite a las autoridades definir cambios de establecimiento cuando consideran que existe una amenaza para la seguridad del sistema o de las personas privadas de la libertad.
La situación cobra especial relevancia en Barranquilla debido a que el nuevo operativo ocurre en momentos en que el Gobierno nacional también endurece las medidas para impedir que desde las cárceles se continúen coordinando actividades criminales.
Precisamente, el ministro de Justicia, Iván Cancino González, sostuvo recientemente una mesa de trabajo con la ministra TIC, Alexandra Falla, y representantes de operadores de telefonía móvil para revisar los sistemas destinados a bloquear comunicaciones no autorizadas desde los centros penitenciarios.
El Gobierno ha advertido que uno de sus principales objetivos es evitar que los establecimientos carcelarios continúen siendo utilizados para ordenar extorsiones, homicidios u otras actividades delictivas desde el interior de las prisiones.
En ese contexto, los nuevos traslados plantean una pregunta de fondo sobre la estrategia penitenciaria del Gobierno de Abelardo De La Espriella: ¿se trata de una operación puntual de reorganización carcelaria o del comienzo de una intervención más amplia contra los internos considerados de mayor riesgo y las estructuras criminales que continúan operando desde las cárceles?
Por ahora, el INPEC sostiene que los movimientos responden a criterios de seguridad, orden y protección dentro del sistema penitenciario. Sin embargo, la concentración de internos de alto perfil en los operativos y la coincidencia con las nuevas medidas contra las comunicaciones ilegales muestran que el Gobierno busca aumentar el control sobre las cárceles y limitar la capacidad de acción de las organizaciones criminales desde los establecimientos de reclusión.
