La medida fue impuesta por la Corte Suprema de Justicia, que decidió que el congresista del Partido Conservador enfrente el proceso en libertad, aunque sometido a varias restricciones judiciales.
Barreto es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias de servidor público e interés indebido en la celebración de contratos. La investigación busca establecer si habría utilizado su posición política para intervenir en procesos de contratación estatal y favorecer a determinados contratistas.
Además de la vigilancia electrónica, la Corte ordenó al senador pagar una caución de $40 millones como garantía para asegurar el cumplimiento de las obligaciones impuestas durante el proceso.
Otra de las condiciones establecidas por el alto tribunal es la prohibición absoluta de comunicarse o tener contacto con los testigos relacionados con la investigación.
De esta manera, Barreto no será enviado a un centro penitenciario de manera preventiva y podrá mantener sus actividades como congresista, incluido su ingreso al Capitolio Nacional, siempre que cumpla estrictamente las medidas ordenadas por la justicia.
El proceso está relacionado con Marionetas 2.0, una investigación que busca determinar la existencia de un esquema de presunta corrupción en el que congresistas y funcionarios habrían intervenido en la asignación de recursos públicos y contratación estatal.
El caso es considerado una continuación del entramado que lideró el fallecido exsenador liberal Mario Castaño, condenado por una red que habría direccionado contratos públicos entre 2020 y 2022 a cambio de beneficios económicos.
En el nuevo capítulo de la investigación aparecen recursos y contratos relacionados con entidades como el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y Proyecta, además de negocios de infraestructura y consultoría en diferentes regiones del país.
Según las pesquisas conocidas, la Fiscalía General de la Nación habría encontrado elementos que llevaron a compulsar copias a la Corte Suprema para investigar la posible participación de Barreto en el direccionamiento de contratos.
Uno de los nombres que aparece en el expediente es el del contratista Andrés José Ospina Rosales, señalado como presunto beneficiario de varios negocios públicos. La Fiscalía sostiene que Ospina habría participado en acuerdos con Barreto y con el entonces subdirector del DPS, Pierre García, para intervenir en la contratación.
La investigación también señala que Ospina Rosales habría resultado beneficiado con cuatro contratos de obra y consultoría en el Tolima durante 2022, derivados de un convenio de mayor alcance celebrado con el DPS.
Los investigadores buscan establecer si detrás de esos contratos existía una estructura destinada a beneficiar al senador o a personas de su entorno político.
El caso Marionetas 2.0 ya ha producido decisiones judiciales contra otros actores. Uno de los principales antecedentes es el del exsenador del Centro Democrático Ciro Ramírez, quien fue condenado a 23 años de prisión por su participación en el direccionamiento de contratos en Quindío y Tolima.
Ramírez habría intervenido para direccionar 13 contratos cuyo valor alcanzó los $24.606 millones, según las investigaciones que terminaron en su condena.
En el expediente también aparecen el exfuncionario del DPS Pierre García Jacquier y el exgerente de Proyecta Pablo Herrera Correa, quienes enfrentan investigaciones por su presunta participación en el manejo irregular de recursos públicos.
La situación jurídica de Barreto es diferente a la de quienes han recibido condenas o medidas de mayor gravedad, pues la Corte determinó que puede permanecer en libertad mientras continúa el proceso.
Sin embargo, el uso del brazalete electrónico significa que tendrá un mecanismo de vigilancia permanente por parte del Inpec y deberá cumplir las demás restricciones establecidas por el alto tribunal.
La investigación contra el congresista no es el único proceso judicial que ha enfrentado. Desde octubre de 2021, la Corte Suprema también adelanta una indagación preliminar relacionada con una presunta donación de $20 millones que habría recibido para financiar su campaña al Senado correspondiente al periodo 2018-2022.
En ese expediente se investigan los presuntos delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, debido a que la contribución supuestamente no habría sido reportada ante el Consejo Nacional Electoral.
Mientras la justicia avanza en ambos procesos, Barreto continuará ejerciendo su condición de senador, pero deberá cumplir las restricciones impuestas por la Corte Suprema.
El caso Marionetas 2.0 mantiene la atención de las autoridades debido a la presunta utilización de recursos públicos y contratos estatales para favorecer intereses particulares y políticos. Ahora, el proceso contra Barreto deberá determinar si existen responsabilidades penales en su eventual participación dentro de este entramado.
