La nueva dirección de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, abrió un nuevo frente de revisión sobre la ejecución de la Reforma Agraria en Córdoba. Durante una visita realizada al departamento, la directora de la entidad, Lina Garrido, aseguró haber encontrado presuntas irregularidades en algunos de los predios que fueron entregados durante la administración del expresidente Gustavo Petro.
La funcionaria estuvo el jueves 20 de agosto en Córdoba, donde participó en actividades relacionadas con la Feria Nacional Cebú y aprovechó su presencia en el departamento para recorrer varios terrenos vinculados a los procesos de adjudicación y entrega de tierras adelantados durante el anterior Gobierno.
Según Garrido, las primeras verificaciones realizadas en territorio generaron inquietudes sobre la manera como se desarrollaron algunos de esos procesos y sobre la situación jurídica de determinados predios.
“Vamos a limpiar la casa”, afirmó la directora de la ANT al referirse a la revisión que pretende adelantar la nueva administración.
Garrido sostuvo que durante el recorrido encontró casos en los que campesinos habrían recibido terrenos que, según su versión, ni siquiera eran propiedad de la Agencia Nacional de Tierras.
“Hay campesinos a los que les entregaron tierras que ni siquiera eran propiedad de la Agencia Nacional de Tierras y eso es lo que necesitamos arreglar”, aseguró.
La funcionaria planteó que el objetivo de la nueva administración será revisar la situación de los beneficiarios y garantizar que quienes reciban tierras dentro de la Reforma Agraria tengan seguridad jurídica sobre los predios.
Para Garrido, el propósito de la política agraria no puede limitarse a entregar terrenos, sino que debe garantizar que los campesinos se conviertan efectivamente en propietarios y puedan desarrollar proyectos productivos con estabilidad.
En ese sentido, cuestionó lo que calificó como graves problemas encontrados en la entidad y anunció que el Gobierno dará a conocer al país las condiciones en las que recibió la ANT.
“Vamos a dar claridad al país de cómo recibimos una Agencia Nacional de Tierras, se hicieron desastres absolutos, mucha plata, mucha corrupción”, afirmó.
Las declaraciones de la directora abren un nuevo debate sobre las cifras y los procedimientos utilizados durante la administración anterior para avanzar en la Reforma Agraria.
De acuerdo con los datos entregados por el Gobierno saliente, en Córdoba se habrían entregado más de 40.000 hectáreas a campesinos, asociaciones de mujeres y víctimas del conflicto armado.
La cifra convirtió al departamento en uno de los territorios relevantes dentro de la política de acceso a la tierra impulsada durante el gobierno Petro.
Sin embargo, la nueva administración plantea que detrás de esas cifras debe revisarse la situación jurídica de cada predio y las condiciones bajo las cuales se realizaron las entregas.
La discusión también involucra predios administrados por la Sociedad de Activos Especiales, SAE, entidad con la que la ANT mantiene un convenio para avanzar en procesos de acceso a tierras destinadas a organizaciones campesinas.
Frente a los cuestionamientos de la nueva directora, el exdirector de la ANT, Juan Felipe Harman, salió en defensa de los procedimientos adelantados durante su gestión y aseguró que existe un contexto jurídico y administrativo que debe ser tenido en cuenta antes de hablar de posibles desalojos o irregularidades.
Harman explicó que dentro del convenio con la SAE existen más de 550 predios cuya transferencia jurídica requiere el cumplimiento de diferentes etapas y trámites.
Según el exfuncionario, esos bienes no pueden ser transferidos de manera inmediata, debido a que existen situaciones relacionadas con ocupaciones, procesos policivos y procedimientos administrativos que deben resolverse antes de completar la transferencia.
Harman sostuvo que muchos de esos predios permanecían ocupados de manera irregular y que algunos estaban en manos de personas que, según sus afirmaciones, nunca pagaron arriendos o lo hicieron por valores considerados irrisorios.
Por esa razón, explicó, uno de los principales retos de la ANT durante los últimos años fue avanzar simultáneamente en los procesos de recuperación, compra y transferencia de los inmuebles.
A su juicio, las demoras también estuvieron relacionadas con trámites administrativos y con restricciones como la Ley de Garantías, factores que terminaron extendiendo los tiempos necesarios para completar los procesos.
El exdirector aseguró además que el convenio con la SAE continúa vigente y que corresponde a la actual administración garantizar la culminación de las transferencias jurídicas que todavía tengan actuaciones pendientes en materia de registro.
Uno de los puntos centrales de la controversia es la situación de las organizaciones campesinas que actualmente ocupan o utilizan algunos de estos predios.
Harman afirmó que no existe actualmente una posibilidad automática de desalojar a esas organizaciones y explicó que, en caso de que alguna decisión judicial ordenara devolver determinados bienes, el mecanismo previsto implicaría la devolución del valor correspondiente y no necesariamente la entrega física del inmueble.
El exdirector recordó que dentro del convenio se habría destinado alrededor de un billón de pesos para el paquete inmobiliario, recursos que, según su explicación, funcionarían como respaldo frente a las obligaciones derivadas de las operaciones.
La controversia, por tanto, no se limita a establecer cuántas hectáreas fueron entregadas durante el gobierno anterior. También pone sobre la mesa la situación jurídica de los terrenos, la propiedad efectiva de los predios, los procedimientos de adquisición y transferencia y la seguridad jurídica de las organizaciones beneficiarias.
La posición de la nueva directora de la ANT plantea una revisión integral de esos procesos.
Garrido sostiene que una Reforma Agraria efectiva requiere que los campesinos tengan certeza de que los terrenos que reciben son legalmente transferibles y que pueden ejercer plenamente sus derechos como propietarios.
El pronunciamiento también podría derivar en nuevas verificaciones documentales y jurídicas sobre predios entregados en Córdoba y eventualmente en otras regiones del país.
Por ahora, las afirmaciones de la funcionaria corresponden a presuntas irregularidades que deberán ser verificadas mediante los procedimientos administrativos, fiscales o judiciales que correspondan. No existe, a partir de estas declaraciones, una conclusión definitiva sobre la legalidad de todas las entregas realizadas durante el gobierno Petro.
Lo que sí queda planteado es un cambio de enfoque en la Agencia Nacional de Tierras. La nueva administración busca revisar los resultados de la política de tierras del Gobierno anterior y poner el énfasis en la propiedad efectiva, la seguridad jurídica y la transparencia de los procesos.
Córdoba aparece así como uno de los primeros escenarios de esa revisión. El recorrido de Lina Garrido por los predios permitió a la nueva dirección identificar situaciones que considera necesario aclarar, mientras que la anterior administración defiende el proceso y advierte que detrás de los convenios existe una compleja cadena de trámites que no puede resolverse de manera inmediata.
La disputa por la tierra, lejos de terminar con las entregas realizadas en los últimos años, entra ahora en una nueva etapa marcada por auditorías, revisión de títulos y enfrentamientos sobre la forma en que se ejecutó la Reforma Agraria.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella tendrá que determinar cuáles de los procesos heredados pueden continuar, cuáles requieren ajustes y si existen casos que deban ser trasladados a las autoridades competentes para establecer eventuales responsabilidades.
Mientras tanto, la ANT deberá explicar con documentos qué encontró en Córdoba, cuáles predios presentan problemas de titularidad y qué medidas se adoptarán para proteger tanto los recursos públicos como los derechos de los campesinos beneficiarios.
