El Gobierno nacional declaró oficialmente el estado de emergencia económica, social y ecológica en 15 departamentos del país, como respuesta a los graves efectos provocados por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto y cuyo impacto dejó una de las mayores emergencias naturales registradas en Colombia en las últimas décadas.
La decisión fue adoptada por el presidente Abelardo De La Espriella mediante un decreto firmado por el mandatario y sus 18 ministros. La medida tendrá una vigencia inicial de 30 días y busca permitir al Ejecutivo disponer de herramientas extraordinarias para atender a las comunidades afectadas, movilizar recursos y acelerar las labores de recuperación y reconstrucción.
Los departamentos cobijados por la declaratoria son Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Nariño, Norte de Santander, Bolívar y Sucre.
De acuerdo con el Gobierno, el propósito central de la emergencia es “conjurar la crisis y evitar la extensión de los efectos del desastre”, teniendo en cuenta la magnitud de los daños humanos, sociales, económicos y de infraestructura ocasionados por el movimiento telúrico.
El balance oficial conocido hasta ahora da cuenta de 314 personas fallecidas, mientras que Medicina Legal reportó la recepción e identificación de 319 cuerpos relacionados con la tragedia. Además, se contabilizan 4.437 personas heridas y 262 permanecen desaparecidas.
La emergencia también ha generado un fuerte impacto sobre la población. Según las cifras entregadas por el Gobierno, 262.154 personas resultaron damnificadas, correspondientes a 147.464 familias distribuidas en 471 municipios afectados.
En materia de infraestructura, el panorama también es crítico. Las autoridades reportan 30.664 viviendas completamente destruidas y otras 136.946 con algún tipo de afectación. A esto se suman 302 edificaciones que colapsaron y 5.809 inmuebles que presentan daños estructurales.
Con la declaratoria, el Ejecutivo tendrá facultades para expedir decretos legislativos con fuerza de ley y adoptar las medidas que considere necesarias para enfrentar las consecuencias del desastre. También podrá realizar operaciones presupuestales y recurrir a mecanismos de crédito público para garantizar la financiación de las acciones de emergencia y reconstrucción.
Uno de los principales proyectos anunciados por el presidente De La Espriella es la creación del denominado “Fondo Milagro”, una herramienta que tendría como objetivo concentrar recursos nacionales e internacionales destinados a recuperar hospitales, instituciones educativas, viviendas, carreteras, aeropuertos y demás infraestructura afectada por el terremoto.
El Gobierno también prepara un paquete de medidas de alivio para las familias damnificadas. Entre las alternativas contempladas se encuentran apoyos para el pago de servicios públicos, subsidios temporales de arrendamiento para quienes perdieron sus viviendas, beneficios tributarios y financieros y ayudas económicas dirigidas a los hogares en mayor condición de vulnerabilidad.
Los comerciantes y pequeños empresarios que sufrieron pérdidas a raíz del desastre también serían incluidos en los mecanismos de respaldo que prepara el Ejecutivo, con el propósito de facilitar la recuperación de sus actividades económicas y evitar que la emergencia derive en una crisis social de mayores proporciones.
La declaratoria se produce después de varios días de evaluación por parte del Gobierno. Aunque el presidente había anunciado inicialmente la emergencia económica tras el terremoto, posteriormente decidió aplazar la firma del decreto mientras su equipo jurídico y económico terminaba de estructurar las medidas que serían implementadas.
El sismo tuvo su epicentro el 10 de agosto en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, y sus efectos se extendieron por amplias zonas del territorio nacional. La magnitud de la tragedia llevó al Gobierno a recurrir a mecanismos excepcionales para concentrar recursos y acelerar la respuesta estatal.
Durante los próximos 30 días, la atención estará centrada en la recuperación de las zonas más afectadas, la asistencia a los damnificados, la búsqueda de personas desaparecidas y la rehabilitación de la infraestructura indispensable para garantizar servicios básicos y conectividad.
La emergencia económica, social y ecológica abre así una nueva etapa en la respuesta del Estado frente al terremoto, con el reto de convertir las medidas extraordinarias en ayudas concretas para las familias que perdieron sus viviendas, sus bienes y, en muchos casos, a sus seres queridos.
