El abogado Manuel Villanueva, representante de las víctimas, presentó ante el Congreso una solicitud para que se deje sin efecto cualquier autorización de salida de Petro mientras avanzan las actuaciones relacionadas con el caso.
La petición fue radicada ante el presidente del Congreso y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, bajo el argumento de que las víctimas requieren garantías para acceder a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
El caso tendrá un nuevo capítulo el próximo lunes 24 de agosto, cuando la Fiscalía adelante la audiencia de imputación contra cuatro personas que estarían vinculadas a la atención que recibió Kevin, quien padecía hemofilia.
Entre los investigados se encuentran Luis Óscar Galves Mateus, exinterventor de la Nueva EPS; Nelson Ramírez Plaza, quien se desempeñaba como auditor de concurrencia y gerente regional, además de Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias.
La Fiscalía les imputará el delito de homicidio culposo, en una actuación que pretende establecer si hubo actuaciones negligentes, omisiones o fallas que pudieron incidir en el desenlace fatal.
Para la familia, esta audiencia representa un avance dentro de un proceso que ha generado fuertes cuestionamientos sobre la atención médica recibida por el menor y las condiciones del sistema de salud para responder a pacientes que necesitan medicamentos y tratamientos de alta complejidad.
Pero la investigación no se limita a los funcionarios de la Nueva EPS.
La Fiscalía también habría remitido copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para que se estudie una eventual responsabilidad del expresidente Gustavo Petro.
Villanueva sostiene que esa revisión debe determinar si existió algún tipo de responsabilidad de Petro en su condición de mandatario y, según su interpretación, como garante frente a las políticas públicas implementadas durante su administración.
El abogado también cuestionó la actuación del entonces presidente frente al caso, particularmente por la presunta divulgación de información relacionada con la historia clínica de Kevin. Estos señalamientos, sin embargo, hacen parte de una controversia que deberá ser esclarecida por las autoridades y no constituyen por sí mismos una responsabilidad penal establecida.
La representación de las víctimas considera que la situación adquiere mayor relevancia debido a la posibilidad de que Petro abandone Colombia mientras continúan las investigaciones.
“En aras de los derechos de las víctimas”, Villanueva pidió al Congreso abstenerse de autorizar la salida del país y advirtió que, si la solicitud no prospera, acudirá a otras instancias judiciales.
La defensa incluso contempla recurrir a una acción de tutela para intentar garantizar que el expresidente permanezca en territorio colombiano mientras se desarrollan las actuaciones que eventualmente puedan requerir su comparecencia.
El debate ahora queda en manos de las autoridades competentes. Por un lado, está el derecho de Petro a movilizarse libremente; por otro, la preocupación de las víctimas por garantizar que las investigaciones puedan avanzar sin obstáculos y que cualquier persona eventualmente vinculada pueda responder ante las instituciones correspondientes.
La audiencia del 24 de agosto podría marcar un punto de inflexión en el caso Kevin Acosta, pues permitirá conocer oficialmente el alcance de las imputaciones contra los funcionarios investigados y aportará nuevos elementos sobre las circunstancias que rodearon la muerte del menor.
El caso también mantiene abierta una pregunta de fondo sobre el sistema de salud: si durante la investigación se demuestra que existieron fallas en la atención o en el suministro de los tratamientos requeridos, ¿quiénes deberán responder por esas decisiones?
Y una segunda incógnita comienza a tomar fuerza en el escenario político: ¿debe Gustavo Petro permanecer en Colombia mientras la Comisión de Acusación analiza si existe alguna responsabilidad relacionada con el caso Kevin Acosta?
