El diagnóstico presentado por la nueva administración advierte que la falta de recursos estaría teniendo un impacto directo en las capacidades de la Fuerza Pública, especialmente en la aviación del Ejército, fundamental para movilizar tropas, atender emergencias y responder a operaciones en zonas de difícil acceso.
Uno de los datos que más preocupación genera está relacionado con la flota de helicópteros MI-17. De acuerdo con el informe, únicamente ocho de las 19 aeronaves se encuentran actualmente operativas.
La situación también afecta a los helicópteros UH-60. De una flota de 49 aeronaves, 18 estarían fuera de servicio debido a procesos de mantenimiento o a limitaciones presupuestales.
Menos aeronaves mientras crecen los grupos armados
El Gobierno sostiene que el deterioro de algunas capacidades militares se produjo paralelamente a la expansión de las principales organizaciones armadas ilegales.
Según el diagnóstico del Ministerio de Defensa, el Clan del Golfo habría pasado de aproximadamente 5.500 integrantes en 2022 a cerca de 10.000 en 2025.
El ELN, por su parte, habría aumentado de unos 5.800 integrantes a 6.800, mientras que el Estado Mayor Central pasó de aproximadamente 3.500 a 4.500 miembros.
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Para la administración entrante, esta combinación representa un escenario especialmente complejo: mientras las estructuras ilegales incrementaron sus capacidades y presencia territorial, algunas herramientas fundamentales de la Fuerza Pública enfrentaron restricciones presupuestales y problemas de disponibilidad.
La reducción de aeronaves operativas limita la capacidad para desplegar rápidamente unidades militares, realizar operaciones en regiones apartadas y responder ante situaciones de seguridad que requieren movilidad aérea.
El reto de recuperar la capacidad militar
El balance del sector Defensa fue presentado por el ministro Jorge Eduardo Mora López, quien señaló como una de las prioridades de la nueva administración recuperar las capacidades operacionales de las Fuerzas Militares y la Policía.
El Gobierno también plantea fortalecer la presencia estatal en los territorios donde las organizaciones armadas ilegales han aumentado su influencia y garantizar que los recursos destinados a seguridad se traduzcan efectivamente en equipos, mantenimiento, movilidad y capacidad operacional.
El déficit de $14 billones se convierte así en uno de los principales desafíos para el nuevo Gobierno en materia de seguridad.
La administración De La Espriella deberá definir ahora cómo cubrir las necesidades presupuestales del Ejército y recuperar las aeronaves que permanecen fuera de servicio, en un momento en que las autoridades enfrentan un escenario marcado por la expansión de grupos armados, el desplazamiento, el confinamiento de comunidades y el reclutamiento de menores.
El diagnóstico deja una conclusión para el nuevo Gobierno: no basta con aumentar el presupuesto de Defensa; el desafío será convertir cada peso invertido en capacidades reales para recuperar el control territorial.
