La exrepresentante por Arauca, cuyo nombre había generado controversia por su eventual llegada al ICA, ahora estaría siendo considerada para asumir una de las entidades clave de la política agraria del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
El nombre de Lina María Garrido vuelve a estar en el centro de las decisiones del nuevo Gobierno. Luego de que su anunciada llegada al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) quedara rodeada de cuestionamientos sobre el cumplimiento de los requisitos del cargo, la exrepresentante a la Cámara sería ahora la carta para dirigir la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
La eventual designación representaría un cambio de rumbo para Garrido, dirigente de Cambio Radical y excongresista por Arauca, quien tendría bajo su responsabilidad una de las entidades más sensibles de la administración pública: la encargada de ejecutar buena parte de la política estatal relacionada con acceso, formalización y administración de tierras.
Su nombre había sido anunciado inicialmente para dirigir el ICA. Sin embargo, la posibilidad generó reparos desde sectores políticos que cuestionaron si su formación y experiencia correspondían al perfil exigido para ese cargo.
Garrido es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos y cuenta con especializaciones en Opinión Pública, Mercadeo Político y Gerencia Social. Precisamente, esas características de su hoja de vida fueron utilizadas como argumento por quienes pusieron en duda su eventual designación en el instituto encargado de asuntos de sanidad agropecuaria y control de riesgos para el sector agrícola y pecuario.
La controversia incluso llevó a sectores de la oposición a plantear acciones ante el Consejo de Estado para cuestionar el nombramiento.
Ahora, el escenario sería diferente. De acuerdo con la información conocida, Garrido estaría siendo considerada para asumir la dirección de la ANT, una entidad que tendrá especial relevancia en la agenda del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
El posible nombramiento ocurre, además, en un momento particularmente sensible para la política de tierras. El nuevo ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció recientemente una revisión de los procesos adelantados por la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución de Tierras, incluida una auditoría sobre contratos y actuaciones de los últimos años.
En ese contexto, la eventual llegada de Garrido a la ANT no sería una decisión menor. La nueva administración deberá definir qué hacer con los procesos de adquisición, titulación, formalización y entrega de predios que vienen de gobiernos anteriores y establecer si existen irregularidades que deban ser remitidas a los organismos de control.
Garrido, quien fue segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes y respaldó tempranamente la candidatura presidencial de De la Espriella, tendría así un nuevo desafío dentro del Gobierno.
Su posible designación también abre varios interrogantes: ¿qué perfil busca el nuevo Gobierno para manejar la política de tierras?, ¿qué alcance tendrá la anunciada auditoría sobre la ANT? y, sobre todo, ¿qué cambios implementará Garrido si finalmente asume una entidad que estará bajo la lupa por las decisiones tomadas durante los últimos años?
Por ahora, su llegada a la Agencia Nacional de Tierras no ha sido presentada como una designación oficial, pero su nombre aparece entre las alternativas que estaría evaluando el nuevo Gobierno.
