Desde la posesión del presidente Gustavo Petro, los familiares directos del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, han recibido millonarios contratos adjudicados por diversas entidades del Estado, según registros oficiales de Datos Abiertos.
Un análisis de los documentos públicos revela que entre noviembre de 2022 y enero de 2026, 22 contratos fueron otorgados a parientes del ministro, incluyendo su hermano Omar Jaramillo Martínez, su esposa Beatriz Gómez Consuegra, su cuñada María Clara Berrocal y sus sobrinos Camilo y Sebastián Jaramillo Berrocal.
Solo en enero de este año, María Clara Berrocal y Camilo Jaramillo Berrocal sumaron 267 millones de pesos en contratos otorgados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Empresa Férrea Regional. Las adjudicaciones se dieron pocos días antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, que limita la contratación estatal en los meses previos a procesos electorales.
En total, los contratos firmados por la familia del ministro superarían los 3.000 millones de pesos, sumando también los salarios y pagos de Beatriz Gómez en su cargo de Superintendencia Delegada para Prestadores de Servicios de Salud, así como los ingresos de Alejandro Jaramillo Gómez, hijo del ministro, quien fue designado director de ProColombia en Reino Unido desde agosto de 2024, con un salario mensual superior a 40 millones de pesos.
Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, ingeniero civil con maestría en administración de negocios, ha recibido 19 contratos estatales desde 2019, de los cuales 14 se adjudicaron desde la entrada en funciones del gobierno Petro. Entre estas adjudicaciones se encuentran contratos con la Empresa Férrea Regional y otras entidades públicas.
La denuncia ha sido puesta en conocimiento de las autoridades por la representante y candidata al Senado por la Alianza Verde, Katherine Miranda, quien además alertó sobre la magnitud de los montos recibidos por la familia del ministro y la proximidad de algunas adjudicaciones a la Ley de Garantías.
Los expertos en contratación pública señalan que, aunque la ley no impide la adjudicación de contratos a familiares de funcionarios en todos los casos, la concentración de recursos en un núcleo familiar genera cuestionamientos sobre transparencia y meritocracia en la contratación estatal.
Hasta el momento, el Ministerio de Salud no ha emitido pronunciamiento oficial sobre la situación.
