La violencia asociada al conflicto armado en Colombia continúa con graves afectaciones para la población civil, según el informe anual divulgado este jueves por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). El documento destaca un panorama complejo de confrontación, desplazamiento forzado y ataques indiscriminados vinculados a grupos armados no estatales y organizaciones criminales.
Entre las cifras más preocupantes de 2025 se encuentran:
99 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas, verificado por la ONU.
53 masacres fueron confirmadas en el país durante el año pasado.
El desplazamiento forzado aumentó de forma significativa, impulsado por intensos enfrentamientos, especialmente en regiones como el Catatumbo y otras zonas rurales.
El informe subraya que la violencia no se limita a zonas rurales sino que también ha afectado a la fuerza pública, con ataques que la ONU califica de indiscriminados y desproporcionados, y que han tenido repercusiones graves en la población civil.
Las consecuencias para las comunidades son profundas. La violencia armada ha debilitado los procesos sociales y organizativos de pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas, además de obstaculizar la implementación de acuerdos de paz.
El informe se presenta en un momento en que el país se prepara para las elecciones legislativas del 8 de marzo y presidenciales del 31 de mayo, periodo en el que la ONU ha observado un incremento de ataques a líderes políticos y defensores de derechos, incluido el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay tras un atentado en un mitin en Bogotá en agosto de 2025.
El organismo internacional hace un llamado al Gobierno y a las autoridades colombianas para reforzar medidas de protección, garantizar los derechos civiles y políticos, y avanzar en la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016, con miras a sostener avances reales en la seguridad y los derechos humanos del país.
