Crece la controversia en el departamento del Guaviare tras conocerse que un tribunal admitió una acción de tutela que advierte un presunto caso de trashumancia electoral con un incremento del 1.500 % en la inscripción de cédulas para las elecciones al Congreso, particularmente en lo relacionado con las curules de paz.
La alerta se centra en un aumento atípico y desproporcionado en el número de ciudadanos que habrían inscrito su documento para votar en esta circunscripción especial, lo que podría alterar el censo electoral y afectar la legitimidad del proceso democrático en la región.
En la mira las curules de paz
Las curules de paz, creadas en el marco del Acuerdo Final para garantizar representación política a las víctimas del conflicto armado en zonas priorizadas, tienen reglas específicas de participación, incluyendo requisitos estrictos de residencia.
La tutela admitida por el tribunal solicita revisar la legalidad de las inscripciones, al considerar que podría configurarse un traslado masivo irregular de votantes hacia el Guaviare con el objetivo de incidir en el resultado electoral.
Posible trashumancia electoral
La trashumancia electoral es una práctica ilegal que consiste en inscribir cédulas en municipios distintos al lugar real de residencia para modificar el mapa electoral. En departamentos con baja densidad poblacional, como Guaviare, variaciones abruptas en el número de votantes pueden tener un impacto significativo en la asignación de curules.
En días recientes, la Procuraduría General de la Nación también dio traslado al Consejo Nacional Electoral (CNE) por la inscripción inédita de cédulas en el departamento, solicitando que se adelanten las verificaciones correspondientes.
Investigación en curso
El tribunal deberá evaluar si se vulneraron derechos fundamentales y si procede ordenar medidas cautelares para revisar o anular inscripciones irregulares antes de los comicios.
Mientras tanto, sectores políticos han pedido al CNE y a la Registraduría Nacional del Estado Civil que actúen con celeridad para garantizar la transparencia del proceso electoral y evitar que se configure un posible fraude.
El caso podría convertirse en uno de los episodios más sensibles del actual calendario electoral, dado el impacto político que tienen las curules de paz en la conformación del Congreso.
