Una fuerte controversia se desató tras las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien advirtió sobre una posible intervención al Hospital Universitario de Santander (HUS) por una presunta falta de ejecución en los proyectos de pediatría y ginecobstetricia.
La advertencia fue dirigida al gobernador de Santander, Juvenal Díaz, y generó cuestionamientos desde distintos sectores, que piden claridad sobre los fundamentos técnicos, administrativos y jurídicos de la eventual medida. Voces críticas señalan que una intervención hospitalaria debe sustentarse en informes claros, auditorías previas y el debido proceso, y no en anuncios públicos que puedan interpretarse como presión política.
Desde el ámbito regional se ha insistido en que los retrasos en proyectos de infraestructura en salud suelen obedecer a trámites contractuales, ajustes presupuestales y procesos de licenciamiento, por lo que reclaman que el Ministerio precise si existen hallazgos formales que justifiquen una acción de esa magnitud.
Hasta el momento, el Ministerio de Salud no ha hecho públicos los informes técnicos que respalden la advertencia, mientras que autoridades locales y sectores de la salud solicitan un diálogo institucional que permita destrabar los proyectos sin afectar la estabilidad del hospital ni la atención a los pacientes.
El episodio reabre el debate sobre el uso de la figura de intervención como mecanismo de control y sobre la necesidad de garantizar transparencia y coordinación entre la Nación y las regiones en la ejecución de obras clave para el sistema de salud.
