El presidente Gustavo Petro suspendió la extradición a Estados Unidos del narcotraficante Geovany Andrés Rojas, conocido como alias ‘Araña’, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia había autorizado su entrega a las autoridades estadounidenses.
Alias ‘Araña’ es señalado de tener vínculos con la mafia mexicana y es requerido por la justicia de EE. UU. por delitos relacionados con el narcotráfico. No obstante, el Gobierno Nacional decidió aplazar su extradición al considerar que actualmente estaría aportando información relevante en el marco de la política de Paz Total.
Según lo expuesto, Rojas haría parte del grupo negociador de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una disidencia de la Segunda Marquetalia, estructura armada ilegal liderada por alias ‘Iván Márquez’.
La decisión ha generado debate en sectores políticos y jurídicos, que cuestionan el alcance de la suspensión de extradiciones en procesos de negociación con grupos armados ilegales, mientras otros respaldan la medida como una herramienta para avanzar en eventuales acuerdos de paz.
La captura fue ejecutada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol y a solicitud de una corte federal del Distrito Sur de California.
El procedimiento generó cuestionamientos sobre la coordinación entre las instituciones del Estado y el manejo de los casos de negociadores que enfrentan procesos judiciales en el exterior. En particular, reavivó la discusión sobre los alcances de la política de “paz total” y los límites de las suspensiones de órdenes de captura cuando existen requerimientos de extradición vigentes.
La controversia se profundizó cuando los abogados Sebastián Velásquez y Sergio Alzate presentaron una denuncia ante la Fiscalía General solicitando investigar al alto comisionado para la paz, Otty Patiño, por presuntos delitos de abuso de autoridad, obstrucción a la justicia y prevaricato por acción.
Según los denunciantes, Patiño habría intervenido para intentar frenar la captura de Rojas, contactando a altos mandos militares y a la fiscal general Luz Adriana Camargo.
La Fiscalía explicó posteriormente que la captura se produjo en estricto cumplimiento de una circular roja de Interpol, la cual no se ve afectada por resoluciones internas que suspendan órdenes de captura en Colombia.
En un comunicado, el ente acusador señaló que Rojas es requerido por Estados Unidos por su presunta participación reciente en el envío de cargamentos de cocaína hacia ese país, en su condición de cabecilla de los Comandos de Frontera.
De acuerdo con el expediente judicial, entre 2017 y 2025 la organización liderada por “Araña” habría coordinado el tráfico de cocaína a través de rutas que incluían a México, además de imponer cobros a otros narcotraficantes que operaban en zonas del Putumayo y Caquetá. Uno de los cargamentos, de cerca de 1.500 kilos, fue incautado por autoridades mexicanas en marzo de 2024.
