Mientras el Congreso avanza hacia la conciliación final de la Reforma Laboral, en el sector productivo suenan con más fuerza las voces de advertencia. Esta vez es Acopi, el gremio que representa a las micro, pequeñas y medianas empresas del país, quien pone sobre la mesa un diagnóstico preocupante: el proyecto de ley, tal como está, podría poner en jaque la sostenibilidad y formalización de miles de empresas que sostienen buena parte del empleo en Colombia.
El gremio, a través de su Observatorio Nacional de la MiPyme, identificó cuatro puntos críticos en el articulado aprobado por el Senado que, asegura, elevarían de forma considerable los costos operativos de las pequeñas unidades productivas y dificultarían la generación de empleo formal. El más delicado, a su juicio, es la transformación del contrato de aprendizaje del Sena en un contrato laboral especial, lo que implicaría un incremento de hasta el 105% en el costo mensual por aprendiz.
“El contrato pierde su esencia formativa, se desnaturaliza su carácter pedagógico y se convierte en una carga más para las empresas”, advierte el informe del observatorio. Con la reforma, el costo de tener un aprendiz en etapa práctica pasaría de $1.067.625 a $2.189.326, un salto que podría resultar inviable para buena parte del tejido empresarial que aún se recupera de la pandemia y las incertidumbres económicas globales.
Pero el contrato Sena no es el único foco de preocupación. Acopi también señala un posible incremento generalizado en los costos laborales no salariales, lo cual, según un estudio previo del mismo gremio, podría traducirse en más desempleo y menos formalización: por cada punto porcentual que aumenten estos costos, el desempleo subiría un 0,1% y la formalidad caería un 0,4%.
“Las MiPymes son el eslabón más débil de la economía formal. No es lo mismo aplicar estas medidas en una gran empresa que en un taller familiar de confecciones o una microempresa agrícola”, subraya el gremio.
A esto se suma lo que Acopi califica como una falta de enfoque diferencial en el diseño de la reforma. La propuesta no contempla mecanismos de gradualidad ni progresividad, lo que deja a las pequeñas empresas compitiendo en condiciones desiguales frente a grandes corporaciones. Por ello, el gremio ha solicitado que en la fase de conciliación se incluyan regímenes especiales, fases de implementación diferenciadas, y apoyos técnicos, tributarios y financieros para evitar cierres masivos o despidos.
La preocupación de Acopi se suma a la de otros sectores productivos que han expresado inquietudes sobre el impacto económico de la reforma. En contraste, el Gobierno ha defendido el proyecto asegurando que promueve la dignificación laboral, la equidad y la estabilidad en el empleo.
Mientras tanto, en el Congreso avanzan los trámites para conciliar los textos aprobados en Senado y Cámara, en una carrera contrarreloj que definirá el futuro de una de las reformas más ambiciosas —y polémicas— del actual Gobierno.
