Un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno nacional y los gremios del sector energético se desató esta semana, luego de que se lanzara una alerta por el riesgo de un posible apagón a partir del próximo año, debido al creciente déficit en el pago de subsidios y obligaciones con generadores y proveedores de energía.
La situación se agravó con la solicitud de la agente interventora de Air-e, Diana Bustamante, quien pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el desembolso urgente de recursos para mantener operativa a la empresa intervenida y poder cubrir los pagos pendientes.
Camilo Sánchez, presidente de Andesco y del Consejo Gremial, advirtió que el país se enfrenta a un riesgo real de apagones si el Estado no cumple con sus compromisos financieros. “Ya vimos lo que ocurrió a inicios de año en Puerto Carreño, y esto podría repetirse en otras regiones si no se actúa con urgencia”, afirmó.
Las declaraciones de Sánchez provocaron una dura respuesta del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien criticó el tono del dirigente gremial y lo acusó de utilizar el tema con fines políticos. “No es adecuado seguir lanzando amenazas de apagón en medio de un proceso electoral. Es una estrategia para meter miedo y politizar el debate energético”, dijo el ministro en sus redes sociales.
El rifirrafe escaló aún más cuando Palma ordenó a las empresas del Estado que se retiren de Andesco, argumentando que “no se deben usar recursos públicos para financiar congresos de oposición política”.
El Consejo Gremial respondió en un comunicado en el que rechazó los señalamientos del ministro y condenó el intento de dividir al país con discursos ideologizados. “No somos oposición política, somos actores técnicos que buscan la estabilidad del sistema. Pedimos respeto y garantías para trabajar por el bienestar energético del país”, señalaron.
Por su parte, Javier Lastra, experto en el sector, calificó como “grave” la situación: “Estamos ante un hecho sin precedentes. Si la Superservicios interviene una empresa por no pagar, pero luego no le garantiza recursos para operar, eso es incoherente. Es como zarpar sin vela, sin motor y sin mástil”.
La discusión deja en evidencia la delicada situación financiera del sector energético y la falta de consenso entre Gobierno y gremios, en momentos en que miles de colombianos podrían verse afectados por una crisis de suministro.
