La Procuraduría condena la practica criminal de los grupos armados al instalar minas antipersonales las cuales están afectando directamente a la población civil, a los menores y a la fuerza pública.
En lo corrido de este 2024 según cifras del Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal- AICMA- de la Presidencia de la República, estos artefactos han afectado a 62 personas, 23 de ellas miembros de la fuerza pública, y 39 civiles de las cuales el 63% de las víctimas menores de edad.
Ante este panorama la Procuraduría llama al Gobierno Nacional a reforzar estrategias para descontaminar el territorio nacional. Al respecto el procurador delegado para la defensa de los Derechos Humanos Javier Sarmiento.
“El llamado es también para los grupos armados ilegales para que cesen este tipo de prácticas que no solo atentan contra el Derecho Internacional Humanitario, sino que demuestran una vez más su poca voluntad de paz”.
Para la Procuraduría es clave aumentar las operaciones de desminado del territorio, pero también implementar las estrategias institucionales de educación en riesgo de minas.
El llamado es para que los grupos armados ilegales respeten y dejar por fuera del conflicto armado a la población civil.
