En una serie de protestas simultáneas que se llevaron a cabo este jueves, unos 700 escoltas vinculados a la Unión Temporal Protección Covas 2023, una contratista de la Unidad Nacional de Protección (UNP), exigen el pago de sus beneficios de seguridad social, incluyendo salud, pensión, ARL y caja de compensación familiar, que aseguran les deben desde hace tres meses.
Los escoltas buscan iniciar conversaciones con las empresas contratistas para resolver la situación financiera pendiente, pero no descartan la posibilidad de un paro si no llegan a un acuerdo de pago. En un acto de protesta, varios de estos trabajadores tercerizados suspendieron sus actividades este jueves para participar en una asamblea informativa donde decidirán si continúan ofreciendo sus servicios de protección.
Un eventual paro podría dejar desprotegidos a aproximadamente 400 beneficiarios de la UNP, incluyendo funcionarios públicos, líderes sociales y víctimas del conflicto en los departamentos de Cesar, Magdalena, La Guajira, San Andrés y Cauca.
Sin embargo, los escoltas insisten en que su objetivo principal es hacer valer sus derechos. La falta de pago ha llevado a algunos de ellos a recurrir a prestamistas con intereses elevados para cubrir los costos de sus traslados con los protegidos.
Aldo de Luque, secretario del Sindicato Unitario Nacional de Escoltas, Vigilantes y Afines, expresó: “Los viáticos son los recursos que le entregan a cada trabajador para transportarse con su beneficiario a otra ciudad, pero hoy tienen que recurrir a préstamos de alto interés para cumplir con estas misiones de trabajo, porque de lo contrario, se enfrentan a la posibilidad de ser despedidos”.
El sindicato de escoltas está solicitando la intervención de los organismos de control, argumentando que la Unión Temporal contratada por la UNP podría estar compuesta por empresas con insuficiente respaldo financiero para cumplir con sus obligaciones laborales.
