La Fiscalía General de la Nación había solicitado un mejoramiento del esquema de seguridad del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, luego de que el funcionario denunciara amenazas contra él y su familia.
Benedetti es pieza clave en una investigación que se está adelantando sobre supuesta financiación ilegal a la campaña del presidente Gustavo Petro, pero debido a las intimidaciones que ha recibido, decidió no acudir a declarar ante el ente acusador.
Sin embargo, altas fuentes de la Unidad Nacional de Protección (UNP) confirmaron que después de haber hecho una valoración de inminencia en el riesgo de Benedetti, se determinó no aumentar el actual esquema de seguridad que tiene el diplomático.
Las fuentes aseguran que solo habrá algunos pequeños ajustes y que las medidas de protección se harán extensivas a su familia, lo que quiere decir que su núcleo familiar podrá hacer uso de los carros blindados y los escoltas que tiene asignados.
Según la información suministrada a este medio, la valoración de inminencia no arrojó resultados contundentes que justificaran un aumento en su seguridad, razón por la cual se toma la decisión de mantener su actual esquema, que robusto y que está compuesto por miembros de la Unidad de Protección y de la Policía Nacional.
De hecho, el esquema del embajador Benedetti, como el de otros embajadores, iba a ser disminuido en las próximas semanas, en razón a que los diplomáticos no tienen medidas tan fuertes de protección, porque su trabajo es fuera del país y eso reduce los riesgos en materia de seguridad, pero eso ya no ocurrirá en su caso.
“En razón de la situación conocida públicamente, mediante un ejercicio extraordinario, se decidió mantener las medidas que ha tenido durante los últimos años, que es un esquema bastante robusto, compuesto por funcionarios de la UNP y de la Policía Nacional”, confirmó la alta fuente.
Esta decisión será comunicada a la Fiscalía General de la Nación y esa entidad determinará si vuelve o no a llamar a Benedetti a declarar dentro del proceso penal que está adelantando luego del escándalo que estalló en torno a la jefe de gabinete del Gobierno, Laura Sarabia y el supuesto ingreso de algunos dineros a la campaña presidencial.
