La Fiscalía General de la Nación inició una investigación sobre las amenazas recibidas por el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, en medio de su implicación en los polémicos audios en los que se le acusa de chantajear a la exjefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia.
Según se conoció, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía está llevando a cabo esta pesquisa para determinar el origen de las amenazas de muerte que ha recibido Benedetti. De acuerdo con la información, estas amenazas representan un obstáculo significativo para su participación en la investigación en curso, cuyo objetivo es determinar si existió financiación irregular durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en el año 2022.
Según informaciones, tras una reunión mantenida entre el embajador Benedetti y el fiscal jefe de la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán, se ha acordado que Benedetti proporcionará pruebas de las amenazas recibidas a través de su aplicación de mensajería WhatsApp en las próximas horas.
Estos mensajes advertían a Benedetti que debía guardar silencio y evitar hacer declaraciones, bajo pena de ser asesinado o sufrir ataques tanto él como su familia.
El embajador Benedetti manifestó que está dispuesto a declarar ante la justicia una vez que se garantice su protección, así como la de sus hijos, esposa y su familia en general. Además, según se conoció, se comprometió a aportar todas las versiones necesarias para aclarar lo que se dijo en los mencionados audios, donde se escucha al embajador hacer referencia a una supuesta suma de 15.000 millones de pesos que habría movilizado en la región Caribe para favorecer la victoria de Gustavo Petro.
Benedetti también sugiere que, si se conociera el origen de esos recursos y su propietario, esto tendría graves consecuencias para él y otros implicados.
La investigación que está pendiente de la declaración de Benedetti busca esclarecer el contenido exacto de dichos audios y las implicaciones de sus declaraciones. Además, se ha conocido que la Fiscalía no ha archivado ninguna investigación por enriquecimiento ilícito o lavado de activos contra Benedetti, a pesar de las discusiones sobre si debería ser investigado por la Corte Suprema o por la propia Fiscalía.
La resolución de este asunto dependerá de los acontecimientos posteriores al 19 de julio, fecha en la que se determinará si Benedetti continúa como embajador en Venezuela o en otro país. En caso de que siga en su cargo, la Fiscalía deberá decidir si dicta medidas de aseguramiento en su contra por enriquecimiento ilícito, vinculado al escándalo de Fonade y a posibles patrimonios no justificados. En caso contrario, la Fiscalía deberá evaluar si remite el caso a la Corte Suprema para su investigación o si decide mantenerlo bajo su jurisdicción, lo que podría dar lugar a un conflicto de competencias, recordó Ricardo Ospina.
