Según la Contraloría en cuatro años no se logrará la transformación productiva o cambio estructural y sus impactos en el mercado laboral tampoco se sentirán en el cuatrienio.
Metas para reducir la pobreza y lograr equidad son moderadas.
Recomienda a los departamentos y municipios participar ampliamente en las discusiones para mejorar la autonomía y la descentralización.
Como resultado del análisis y revisión del Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, la Contraloría General de la República presenta algunos comentarios respecto a sus objetivos macroeconómicos y fiscales.
Para la CGR este plan, a diferencia de planes de desarrollo anteriores, no está formulado por sectores, sino por temas trasversales orientados a cumplir el objetivo de hacer la transición hacia la paz total, lo cual implica que su análisis actual y posterior seguimiento son un poco más complejos.
Muestra de ello es que el plan está construido sobre cinco ejes de transformación, complementados con tres ejes transversales, y finalmente al interior de cada eje de transformación contiene un conjunto de “catalizadores” para estimular el logro de las metas propuestas en cada uno de los ejes fundamentales.
El plan prevé una senda de crecimiento moderada (por debajo del 4% hasta 2026) donde sobresalen los sectores agrícolas, manufacturero y de servicios, restándole importancia al sector minero, dentro de la estrategia de transformación productiva, mientras por demanda agregada, se enfatiza en la inversión sobre el consumo interno, llevándola al 24,6% del PIB en 2026. La inversión está centrada en los sectores de vivienda e infraestructura.
Se le da importancia nuevamente a la planificación gubernamental dentro de un modelo de intervención en la economía de corte keynesiano.
No obstante, las perspectivas de crecimiento para los años próximos traen retos importantes como el proceso bajo el cual se hará la transición energética y la estrategia de transformación productiva, lo cual implica cambios estructurales en la economía (de mediano y largo plazo), para dejar de depender de la industria petrolera como principal generador de divisas.
La CGR resalta que los procesos de transformación productiva o cambio estructural y sus impactos en el mercado laboral no se cristalizan en periodos de tiempo cortos, como los 4 años del Plan Nacional de Desarrollo, sino que implican políticas sostenidas de industrialización y apoyo a otros sectores estratégicos, las cuales requieren una o más décadas para lograr resultados consolidados.
En este sentido, el PND está más orientado a conformar la institucionalidad que constituirá la base para lograr la transformación productiva y la reindustrialización en el tiempo, mientras va orientando los proyectos de inversión a los sectores que tienen como objetivo la transformación y reindustrialización.
Respecto a la estrategia de transformación productiva y la reindustrialización, la CGR advierte que se requiere un apoyo vigoroso de la inversión pública en Investigación y desarrollo (I+D). La meta del PND es elevar la inversión en I+D del 0,24% del PIB en 2020 al 0,5% del PIB en 2026. Si bien es un crecimiento importante, luce insuficiente para apoyar un proceso de transformación y reindustrialización.
En términos de reducción de la pobreza y avanzar en equidad, la CGR considera que las metas del PND en estos aspectos son moderadas. Lograr avances, entre el 2023 y el 2026, dependerán más bien del mayor gasto social, de programas como la renta básica focalizada hacia los pobres y de avances en la reducción de la desigualdad del ingreso y la riqueza; así como del impacto de la reforma tributaria y del efecto de una reforma agraria que reduzca la excesiva concentración en la tenencia de la tierra; el coeficiente Gini está alrededor del 0,9, lo cual muestra lo mucho que se debe trabajar en este aspecto.
Aunque en las bases del plan se señala que se cumplirá con las exigencias de la regla fiscal, es decir con las metas de deuda y déficit primario del GNC, la CGR tiene la preocupación de cómo las políticas fiscales y monetarias de otros países, y la volatilidad de los flujos de capitales internacionales, afectan las finanzas públicas de Colombia, y de ahí la necesidad de buscar alternativas para protegerlas de estos choques externos. Sin embargo, en explícito el documento no propone alternativa o política a desarrollar en este sentido para los próximos años.
La CGR advierte de un riesgo de aumento de la deuda neta del sector público que estaría relacionado con la tasa de interés real. La trayectoria de la deuda del PND y el Plan Financiero 2023 (PF23) supone una tasa de interés del 2,0% anual. No obstante, está puede elevarse hacia niveles del 3,0% o 4,0%, tendiendo a su promedio histórico (5,0%). En esto casos la deuda para el 2026 fluctuaría entre el 58,1% y el 60,6% del PIB, casi 4,0 puntos porcentuales del PIB por encima de la proyección del PND y el PF23.
Por otra parte, pese a la propuesta de establecer nuevas formas de administrar los recursos públicos a través de fiducias, la CGR tiene la competencia para auditar la inversión de los mismos.
En el tema territorial la CGR considera que la propuesta del PND es válida en el sentido de pensar en proyectos estratégicos con un impacto regional y que las obras estén encaminadas hacia lograr las transformaciones que propone el PND; sin embargo, al interior hay muchos temas que es importante que los departamentos y municipios aclaren en las discusiones que se están dando en este proyecto de Ley tan importante para el país, como es ahondar en el tema de autonomía de los territorios, así como los demás temas que tocan con los aspectos necesarios para el avance del proceso de descentralización.
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