Así lo decidió el Consejo Nacional Electoral la tarde de este martes al formular cargos contra el Comité de Revocatoria en contra del alcalde de Medellín.
Lo anterior después de conocer la votación de siete a dos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió formular cargos contra el Comité de Revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
Por ende, el organismo electoral (CNE) no certificó las cuentas de la revocatoria contra el mandatario de la capital antioqueña.
Por su parte, Andrés Felipe Gutiérrez, quien fue el promotor de la revocatoria, dijo haber aportado la documentación perfectamente y que si el CNE nos los certifica positivamente, es porque, es sus palabras, la gran maquinaria corrupta, le hace el juego a estos terribles mandatarios.
“Convoco a medios de comunicación a rueda de prensa a las cinco de la tarde en la plazoleta de la Alpujarra para referirme a la caída de la revocatoria corrupta y fraudulenta”, trinó el mandatario local.
Así las cosas, la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín indicó el lunes que el Consejo Nacional Electoral debía, en un término de 48 horas, certificar de manera positiva o negativa los estados contables en el proceso de revocatoria que se adelanta Medellín, contra el alcalde Daniel Quintero.
Se trata de una decisión que obedeció a que hasta ese momento el CNE no había cumplido con el fallo de tutela proferido el pasado 18 de marzo, que indicaba que en un término de diez días se debería expedir de manera positiva o negativa, la certificación de los estados contables de la iniciativa.
Rodríguez, como uno de los líderes del proceso de revocatoria, explicó en su momento que se imponía de esta manera la verificación previa del cumplimiento de la orden impartida, antes de dar inicio trámite incidental por desacato a esa tutela.
Los magistrados del Consejo Nacional Electoral debían, en el término de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación, para entregar la certificación, indicando al despacho las razones para su incumplimiento o prueben haber cumplido con lo ordenado en la respectiva sentencia.
Advirtió el tribunal que, en caso de no acreditar el cumplimiento a la orden judicial, se iniciara en su contra trámite incidental por desacato, con miras a imponer las sanciones que pueden llegar a ser económicas o de privación de la libertad.
