Los resultados de las visitas y verificaciones al Relleno Sanitario de Pirgua, luego de una serie de denuncias ciudadanas recibidas en 2016, permitieron a la Fiscalía General de la Nación identificar presuntas irregularidades en el manejo de los lixiviados, es decir, los líquidos que genera la descomposición de los residuos sólidos que llegan de Tunja y otros municipios de Boyacá y Santander.
De acuerdo con los análisis, las inconsistencias detectadas representan riesgo para las comunidades, la flora y la fauna de la zona, por lo que un fiscal de la Dirección Especializada contra la Violaciones a los Derechos Humanos imputó los delitos de daño a los recursos naturales y contaminación ambiental al representante legal de la empresa operadora del botadero (Servitunja S.A. E.S.P.), Jorge Humberto González Orduz.
En la investigación se estableció que el relleno habría incumplido los parámetros técnicos para el tratamiento de los lixiviados, en el entendido de que se encontraron empozamientos y acumulación. Además, la planta de manejo de estas sustancias tóxicas presentaba desbordes y salidas. No estaría en capacidad de soportar la cantidad y el volumen de las mismas.
De otra parte, quedaron al descubierto otras aparentes inconsistencias como excavaciones sobre cuerpos de agua, emisión de olores ofensivos para la comunidad, y presencia de vectores y voladores. Adicionalmente, para la fecha en la que se realizaron las visitas, julio de 2016, el relleno no tenía licencia ambiental para el manejo de vertimientos. La obtuvo dos años después.
