El exrepresentante a la Cámara y senador electo Wadith Manzur fue trasladado de la Estación de Carabineros de la Policía, en Bogotá, al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, conocido como La Picota.
El traslado fue realizado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en cumplimiento de una orden impartida por el presidente Abelardo De La Espriella, según confirmó el propio instituto.
La decisión se produjo después de que el Gobierno anunciara una revisión de los casos de personas privadas de la libertad que permanecían recluidas en estaciones de Policía o instalaciones militares, con el propósito de determinar su traslado a establecimientos penitenciarios.
Manzur permanecía en la Estación de Carabineros del norte de Bogotá desde que fue privado de la libertad. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le impuso el pasado 11 de marzo una medida de aseguramiento en centro carcelario dentro de la investigación relacionada con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El proceso judicial está relacionado con presuntos pagos y beneficios derivados de una estructura de corrupción que habría buscado comprometer actuaciones de congresistas. La Corte ha señalado a Manzur dentro de esta investigación y, de acuerdo con reportes sobre el proceso, fue acusado por el delito de cohecho impropio.
Antes de permanecer en la estación policial, el dirigente político estuvo recluido en el búnker de la Fiscalía. Ahora deberá continuar privado de la libertad en La Picota mientras avanza el proceso judicial en su contra.
El traslado también ha generado atención por la relación de vieja data que, según SEMANA, existe entre las familias De La Espriella y Manzur en Córdoba. El medio señaló que ambas familias se conocen desde hace décadas y presentó la decisión del Gobierno como una muestra de que esa cercanía no habría impedido el traslado.
No obstante, la cercanía familiar mencionada corresponde a una información periodística y no implica por sí misma una actuación irregular o un conflicto de intereses.
El caso de Manzur continúa en manos de la justicia. La medida de aseguramiento y las acusaciones formuladas dentro del proceso no equivalen a una sentencia condenatoria, por lo que su responsabilidad penal deberá definirse mediante las actuaciones correspondientes ante la Corte Suprema de Justicia.
