La propuesta del exmandatario apunta a modificar de manera profunda la estructura del sistema para las nuevas generaciones de trabajadores, con un modelo basado principalmente en el ahorro individual administrado por fondos privados.
El planteamiento aparece después de que la Corte Constitucional avalara cerca del 90 % de la reforma pensional y estableciera el 1 de abril de 2027 como nueva fecha para su entrada en vigencia, tras los problemas identificados en el trámite legislativo.
Uribe cuestionó duramente el modelo aprobado y sostuvo que, en su concepto, la reforma reduce el papel del ahorro individual y concentra una parte importante de los nuevos recursos en el sistema público.
A partir de esa crítica, el expresidente propuso una especie de contrarreforma que tendría como eje la capitalización individual.
La idea central sería que, para las nuevas afiliaciones, exista un único sistema basado en el ahorro individual administrado por los fondos de pensiones. En otras palabras, el Régimen de Prima Media dejaría de recibir nuevos afiliados y traslados.
Esto no significaría que las obligaciones existentes desaparezcan.
Por el contrario, Colpensiones continuaría atendiendo a quienes ya se encuentran pensionados y a los trabajadores que permanezcan dentro del régimen correspondiente durante el período de transición.
¿Qué pasaría con Colpensiones?
Este es uno de los puntos más importantes de la propuesta.
Uribe no plantea simplemente eliminar de un día para otro a Colpensiones. Su planteamiento consiste en que el régimen público se vaya “marchitando”: seguiría funcionando para sus actuales afiliados, pero no recibiría nuevas personas.
De esta manera, con el paso de los años, el régimen de prima media reduciría progresivamente su tamaño a medida que se cumplen las obligaciones con sus actuales afiliados.
El problema está precisamente en la transición.
Un sistema de reparto como el régimen público recibe las cotizaciones de los trabajadores actuales para ayudar a financiar las obligaciones pensionales existentes. Si se cierran las nuevas afiliaciones, el Estado dejaría de recibir progresivamente una parte de esas cotizaciones, pero tendría que continuar pagando las pensiones adquiridas.
Ahí aparece uno de los mayores interrogantes económicos de la propuesta.
El gran desafío: ¿quién paga la transición?
El propio planteamiento de Uribe contempla que los fondos privados puedan entregar créditos especiales de largo plazo para contribuir a cubrir el déficit generado por las obligaciones existentes.
Sin embargo, expertos citados por La FM advierten que esta alternativa no sería gratuita para las finanzas públicas.
El economista Jorge Llano Salamanca señaló que una de las principales dificultades de pasar hacia un sistema predominantemente basado en ahorro individual sería precisamente el déficit fiscal que aparecería durante la transición.
La razón es sencilla: el Estado tendría que seguir cumpliendo las obligaciones adquiridas mientras recibe menos cotizaciones nuevas.
El profesor Javier Almanza, del área de derecho laboral del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, también advirtió sobre el impacto que podría tener financiar ese faltante mediante créditos de los fondos privados.
En la práctica, una parte de los recursos destinados al ahorro pensional podría terminar relacionada con obligaciones financieras del Estado.
Por eso, aunque el modelo puede resultar atractivo desde la perspectiva del ahorro de largo plazo, su implementación tendría que resolver primero una pregunta fundamental: ¿cuánto costaría la transición y quién asumiría finalmente esa factura?
El ahorro individual sería el protagonista
La propuesta busca que las nuevas generaciones tengan como principal mecanismo de construcción de su pensión el ahorro individual.
El argumento de sus defensores es que cada trabajador tendría una relación más directa entre sus aportes, los rendimientos obtenidos durante su vida laboral y el monto de su futura pensión.
Uribe sostiene que el sistema actual aprobado por el Congreso reduce las posibilidades de que los jóvenes construyan mediante ahorro una pensión más sólida y cuestiona la concentración de recursos en el componente público.
Sus críticos, en cambio, plantean que un sistema basado exclusivamente o principalmente en el ahorro individual puede dejar en una situación difícil a trabajadores que tengan trayectorias laborales interrumpidas, bajos salarios o largos períodos de informalidad.
Y ese es uno de los grandes problemas estructurales de Colombia.
La informalidad, otro obstáculo
No todos los trabajadores colombianos tienen una trayectoria laboral estable.
Millones de personas pasan períodos sin cotizar, trabajan por cuenta propia, tienen ingresos variables o permanecen durante largos períodos en la informalidad.
En un sistema en el que el valor de la pensión depende en mayor medida del capital acumulado, esas interrupciones pueden tener consecuencias importantes.
Una persona que cotiza durante toda su vida laboral puede acumular un ahorro considerablemente diferente al de otra que solamente realiza aportes durante determinados períodos.
Por esa razón, la discusión pensional no se limita a decidir si el dinero debe ser administrado por Colpensiones o por fondos privados.
También implica resolver cómo garantizar una protección económica para quienes no logren acumular suficiente capital.
Uribe mantendría la garantía de pensión mínima
La propuesta no elimina la garantía de una pensión mínima.
El expresidente plantea mantener ese mecanismo para proteger a quienes, pese a su ahorro, no alcancen el capital suficiente para obtener una pensión mínima bajo las condiciones establecidas.
El desafío estaría en determinar cuánto tendría que aportar el Estado para financiar esa garantía y bajo qué reglas se otorgaría.
Esto significa que, incluso en un sistema de capitalización individual, el Estado seguiría teniendo responsabilidades importantes.
¿Qué ocurriría con los trabajadores que no logren pensionarse?
Uribe también propone mantener el esquema de los Beneficios Económicos Periódicos, conocidos como BEPS, para quienes lleguen a la edad de retiro sin haber completado las semanas necesarias para obtener una pensión.
La diferencia estaría en que se plantea recuperar la posibilidad de escoger entre una renta vitalicia o la devolución de los recursos acumulados, según las condiciones del mecanismo que finalmente se establezca.
Los BEPS están dirigidos principalmente a trabajadores con ingresos bajos o trayectorias laborales que no les permiten alcanzar los requisitos tradicionales para pensionarse.
Adulto Mayor quedaría financiado directamente por el Estado
Otro componente de la propuesta es trasladar el programa de protección para adultos mayores al Presupuesto General de la Nación.
La idea sería que este programa sea financiado mediante los recursos públicos, acompañado de una política de austeridad, crecimiento económico y reducción del gasto que el expresidente relaciona con su propuesta de Estado.
Esto introduce otra discusión: mientras se busca reducir la presión sobre el sistema pensional mediante mayor ahorro individual, el Estado tendría que garantizar recursos suficientes para atender a la población que no logró construir una pensión.
¿Es realmente más barato el modelo?
Esta es probablemente una de las preguntas más importantes que tendrán que responder los defensores de la propuesta.
A primera vista, trasladar una mayor parte del sistema hacia el ahorro individual puede reducir algunas presiones futuras sobre el gasto público.
Pero el problema aparece durante los primeros años.
El Estado no puede dejar de pagar las pensiones ya reconocidas simplemente porque se cierren las nuevas afiliaciones al régimen público.
Por eso, la transición podría generar un importante esfuerzo fiscal.
El economista Jorge Llano considera que la propuesta tiene elementos favorables en materia de sostenibilidad de largo plazo, focalización del gasto y generación de ahorro, pero reconoce que el paso hacia un esquema predominantemente individual puede producir un déficit importante en el corto plazo.
Así, el debate no debería reducirse a la pregunta de si el ahorro privado es mejor que el sistema público.
La verdadera discusión es cuánto costará pasar de un modelo al otro y durante cuánto tiempo tendrán que financiar los colombianos esa transición.
¿Qué gana y qué pierde un trabajador?
Para quienes tienen empleos formales y cotizan de manera permanente, un sistema de capitalización individual podría permitir una acumulación significativa de recursos durante varias décadas.
Pero para trabajadores con ingresos bajos, empleos inestables o largos períodos sin cotizar, el panorama puede ser diferente.
La pregunta fundamental sería cómo garantizar que esas personas no lleguen a la vejez sin una protección suficiente.
Por eso, cualquier contrarreforma tendría que combinar el ahorro individual con mecanismos de solidaridad y protección para los sectores más vulnerables.
La propuesta todavía tendría que convertirse en una reforma
Otro punto fundamental es que lo anunciado por Uribe constituye una propuesta política y económica que tendría que convertirse en un proyecto de ley, ser discutida por el Congreso y superar los controles constitucionales correspondientes.
No se trata, por ahora, de un cambio automático del sistema pensional.
El Centro Democrático y sectores cercanos al expresidente tendrían que construir el articulado, definir el régimen de transición, establecer las fuentes de financiación y determinar qué ocurriría con cada uno de los componentes de la reforma actualmente vigente.
El debate apenas comienza.
Una nueva batalla por el futuro de las pensiones
La propuesta de Álvaro Uribe abre una nueva batalla política y económica sobre uno de los temas que más afecta a los colombianos: cómo garantizar ingresos durante la vejez.
Mientras sus defensores consideran que fortalecer el ahorro individual puede generar mayor sostenibilidad y reducir riesgos de concentración de recursos públicos, sus críticos advierten que la informalidad laboral y el costo de la transición podrían convertirse en los principales obstáculos.
En medio de la discusión queda una pregunta que deberá responder cualquier gobierno que pretenda modificar nuevamente el sistema:
¿Quién pagará la transición?
Porque cambiar el modelo puede ser relativamente sencillo sobre el papel. Lo verdaderamente complejo será garantizar las pensiones actuales, proteger a quienes no tienen capacidad suficiente de ahorro y, al mismo tiempo, evitar que el costo de la transformación termine trasladándose a las futuras generaciones mediante más impuestos, deuda pública o mayor gasto estatal.
La propuesta de Uribe, por ahora, pone nuevamente sobre la mesa una discusión que está lejos de terminar: si Colombia debe avanzar hacia un sistema en el que cada trabajador construya principalmente su propia pensión mediante el ahorro individual o mantener un esquema con una mayor participación del Estado en la administración y financiación de las pensiones.
La respuesta tendrá consecuencias durante décadas y afectará no solamente a quienes están próximos a pensionarse, sino especialmente a los trabajadores jóvenes que apenas comienzan a construir su futuro pensional.
